La municipalización de los servicios ha sido durante toda la legislatura una de las mayores reivindicaciones de las plantillas de las contratas con el objetivo claro de que los servicios públicos estén en manos de la Administración y no de empresas que solo velan por mantener su cuenta de resultados y beneficios. Pero lo cierto es que el ayuntamiento, aunque hubiera dado ese paso, no podría haber garantizado que los salarios no habrían corrido la misma suerte que la de sus más de 5.000 funcionarios, que en pocos años han visto como perdían un 20% de su poder adquisitivo y aumentaba su carga de trabajo ante la imposibilidad de contratar. A cambio está la garantía del mantenimiento del empleo.