El marido de María Teresa sufrió un íctus el 20 de enero del 2012. "En pocos días celebramos el tercer aniversario", dice ella. Las secuelas fueron graves y le afectaron al habla y a la movilidad hasta el punto de que no puede valerse por sí mismo. La delicada situación obligaba a reaccionar rápido y la familia se apresuró a completar el papeleo necesario para conseguir la declaración de minusvalía y de dependencia. "Nos dijeron que hasta los seis meses no podía ser, pero en el 2013 nos reconocieron el grado 3 --severo-- de dependencia y una minusvalía del 83%", recuerda su esposa.

Pero, desde entonces, nada. A la espera de recibir algún tipo de prestación, María Teresa admite su frustración. "Nadie dice absolutamente nada ni nos han ofrecido ni siquiera para barreras arquitectónicas porque nos hemos visto obligados a remodelar la casa entera. Tampoco para la silla ni para la cama. Nada".

De momento, María Teresa cuenta con la ayuda de sus hijos. De otro modo, ella sola no podría asumir el cuidado de su marido. "Cuando le dio el ictus medía 1,84 y pesaba 94 kilos. Y yo sola ya no puedo, así que mis hijos se van turnando para levantarlo y acostarlo", explica a las puertas del IASS.

Tampoco llega la ayuda a domicilio que la familia solicitó para hacer frente a las necesidades creadas a raíz de la nueva situación, pero el coste económico de ese servicio descartó esa opción. "Mi marido cuenta con una paga de 900 euros y no puedo permitírmelo. Lo lamentable es que no tenemos derecho a nada y, tal y como salimos aquel día del hospital San Juan de Dios, nos dejaron en la calle sin ayuda".

Pero María Teresa no se resigna. Ni siquiera el silencio de la Administración le amedranta. "Aquí nadie dice nada, pero yo ni me callo ni me callaré. Seguiré peleando y con las protestas, no solo por mi marido, sino por el resto de personas afectadas que no tenemos culpa alguna de todo esto que es tan amargo".