Parece que aún no se han enterado. Aunque sea patente. Nuestro país vive, tiempo ha, un estado de emergencia social. De bordear peligrosamente líneas rojas de exclusión, de tontear con el umbral de la pobreza, de mantener una pose de calculada indiferencia ante cifras que enmascaran con objetividad matemática dramas humanos de consecuencias previsibles... Pero parece que aún no se han enterado.
La caridad está siendo sustituida por la solidaridad; pero una solidaridad de llamada telefónica a la tele para autocomplaciente minuto de gloria, de SMS solidario a un número de cuatro cifras. Una solidaridad prostituida, una neocaridad para progresar con conciencia. De justicia es de lo que nadie habla. Quizás porque hacerlo implica destapar a gentes que toleran la injusticia, aunque tan sólo sea por omisión. Y porque hay muy pocos que puedan lanzar la piedra primera sin exponer sus vergüenzas.
Y VOY al eje central del discurso. Uno de los sectores más sensibles es el sector infantil. Parece ser que la infancia y sus necesidades despiertan un eco atávico. No ocurre así en el departamento de Educación del Gobierno de Aragón, comandado por la consejera Dolores Serrat Los comedores escolares son parte importante de eso que llamamos Justicia Social. Y no porque haya convenciones, documentos y declaraciones institucionales que así lo digan, abogando por el derecho de la infancia a una alimentación. No. Es así porque es de una obviedad, que tratar de argumentarla sería de necios.
No es de recibo el que algún señor encorbatado y trajeado se permita decir que en Aragón solo ha habido dos casos de desnutrición infantil (eludiendo el hecho de que haber y detectar no son vocablos sinónimos) o el que alguna señora de orden se permita decir de que el departamento de Educación no es una obra de auxilio social y que la política de becas de comedor es la que es, en vergonzosa renuncia a liderar desde el puesto privilegiado que ostenta una auténtica guerra por el bienestar de los menores de cuya educación es responsable. No es de recibo y ni siquiera la ignorancia puede alegarse en tan flagrante omisión.
PERO parece que no se han enterado. Denuncias de profesores, alertas de monitoras de comedor, informes de organizaciones que, desde sus medios y concepciones, hacen todo lo posible por tratar de contener la marea con un pañuelo no parecen bastar para despertar las conciencias de quienes pudieran hacer mucho. Hacer del derecho al comedor un derecho universal no gratuito (lo pagamos entre todos a golpe de impuesto escotado), para todo el alumnado, sin restricciones temporales (también se come en septiembre y junio; también en verano) y sin necesidad de becas de requisitos absolutamente demenciales debiera ser un objetivo prioritario de una Administración que piensa en el bienestar social de todos los ciudadanos.
La infancia no es propiedad de los padres. La infancia no es propiedad de nadie. Sin embargo, el deber de guarda y custodia, el deber de atender todas sus necesidades, el deber de dotarles de todas las armas intelectuales y de desarrollo físico correcto para que puedan afrontar un futuro cercano que deben gestar desde ya mismo nos incumbe a todo el cuerpo social. A todo el cuerpo social, desde la individualidad hasta el entramado colectivo. Hasta el Estado, en cualquiera de sus vertientes. También en la vertiente que se ocupa del aspecto educativo. Pero parece ser que la consejera Serrat no se ha enterado.
