«¡No pasarán!», gritó Jordi Cuixart en la manifestación del 20 de septiembre del 2017 frente a la Consejería de Economía. Su abogado, Benet Salellas, defendió ayer a capa y espada el uso de esa histórica y simbólica frase de la resistencia durante la guerra civil española y reprochó la «criminalización» que la fiscalía hace de ella en su escrito de acusación. El expresidente de Òmnium Cultural, según el letrado, «emuló a los españoles demócratas que lucharon por la república», al tratarse de un eslogan «utilizado como paradigma de derechos democráticos», que incluso ha sido empleado en camisetas por el grupo punk ruso Pussy Riot.
«En cambio, la fiscalía y Vox nos quieren recriminar ese lema», afirmó el letrado, para avisar de que, si no se remedia, a quien condenará «Estrasburgo [sede del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos] no será a Rusia o Turquía, sino al Estado español». La fiscalía detalla en su escrito de acusación que «pese a reivindicar el pacifismo de la movilización», Cuixart «apeló también a la determinación mostrada en la guerra civil», empleando la expresión «¡no pasarán!».
Salellas hizo hincapié en las vulneraciones del derecho de manifestación. Destacó que la fiscalía dedica «50 páginas» a enumerar «movilizaciones pacíficas», algo que atribuye a una forma de criminalización de los derechos de reunión, y que el letrado consideró incompatible con «un Estado que se proclama social y de derecho». Recordó que «no existe un derecho fundamental a la unidad territorial y si existe un derecho fundamental a la protesta de cualquier ciudadano».
El abogado insistió en que «todos los ciudadanos debemos defender los derechos fundamentales», como lo hizo Cuixart, a la vez que cuestionó la actitud de la acusación pública de detallar solo los agentes heridos durante la jornada del 1-O y no los lesionados por las cargas policiales. La jurisprudencia europea estuvo presente en su alegación [sacó a relucir una sentencia sobre Azerbaiyán] y acabó con una frase lapidaria: «Este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española», pues «se opone a la ensencia propia del Estado democrático de derecho».
COMO SI FUERAN ENEMIGOS
La abogada Olga Arderiu, defensora de Carme Forcadell, tomó el testigo y sostuvo que a los procesados «se les ataca como si fueran enemigos», como «traidores a la patria» a los que «no se les permite el diálogo político». Su tesis es que la que expresidenta del Parlament no diseñó el 1-O y no participó en la declaración unilateral del independencia (DUI). Así, denunció «trato discriminatorio» de su representada respecto a los otros miembros de la Mesa por «sus convicciones políticas».
La letrada también denunció indefensión y expresó que el riesgo de fuga esgrimido en el auto de prisión de Forcadell «es injustificable», dejando constancia de que, en su opinión, la causa «está politizada, por no decir que es política». El abogado Mariano Bergés, defensor de Dolors Bassa, detalló que la DUI «no se publicó en ningún diario oficial porque no se votó» y que «no es rebelión perseguir la secesión aunque sea por vías ilegales».
