"Yo no puedo devolver lo que debo. Asumir que has sido estafado es duro, pero es que no somos ni estafados, no somos nada", lamenta Fernando Ortiz, tesorero de la Asociación de Víctimas de Estafas Financieras (Adevif) en Aragón, y afectado por una de ellas. Su mayor desconsuelo no parece ser el timo en sí, sino el no saber a dónde acudir. "Ni siquiera pretendo acabar con esta gente --admite, con aire derrotado--, lo que quiero es que se nos reconozca como víctimas de una estafa", asegura.

En su caso, a raíz de darle poderes a un familiar para hacerle avalista de un crédito de unos 8.000 euros, al poco tiempo se encontró con la llamada de un prestamista desconocido. "¿Sabes que me debes 40.000 euros?", le espetó. Ortiz, lógicamente, se quedó helado.

Ahora ha perdido una casa en la que había invertido años de trabajo, un edificio histórico de Zaragoza, valorado en 1,2 millones, por una deuda que ni siquiera era suya. En el colmo de la desdicha, su deuda de intereses ha crecido hasta los 230.000 euros, y sigue teniendo que pagar obras al ayuntamiento a cargo de unas subvenciones para arreglar el edificio que ya no es suyo, ya que las recibió al ser un Bien Cultural. "No hay forma de hacerles entender lo que ha pasado", lamenta.

La situación de Ortiz la comparten muchos, pero hay motivos para la esperanza. En palabras de Santiago Landete, el abogado madrileño que actualmente lleva los casos de Adevif --el anterior se centró en los del prestamista Antonio Arroyo Arroyo, que acumula más de cien él solo-- está "empezando a despertar la conciencia judicial con estos casos".

Los prestamistas suelen escoger gente de bajo perfil formativo y agobiados por necesidades económicas, aunque este perfil no se cumple en varios de los casos aragoneses que han trascendido hasta ahora. "Acaban con las deudas pero al archivar los casos el juzgado, se suelen rendir. No conocen otros casos como el suyo, y eso es lo que queremos cambiar", explica el abogado.

Para ello han mantenido ya reuniones con la Federación de Colegios de Notarios españoles, que tras la inhabilitación de un par de profesionales en Madrid ha tomado cartas en el asunto. Los grupos económicos de la Policía también están al tanto de la problemática, y en una reunión de jueces celebrada este verano en Alcañiz también se trató, tangencialmente, el asunto.

Recientemente, la asociación recibió una buena noticia desde Soria, uno de cuyos jueces anuló uno de estos contratos privados por sus cláusulas abusivas. La sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial soriana. En este caso, la víctima había pedido 8.000 euros a un avalista, con unas condiciones por las que, en seis meses, su deuda había crecido hasta los 85.000 euros. Además, su casa había sido tasada por el prestamista en algo más de 100.000 euros, cuando superaba los 300.000. La notaría madrileña en cuyo despacho se firmó el trato ya está inhabilitada.