La consejera de Educación del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, estalló ayer contra las resoluciones de los autos judiciales que están suspendiendo de forma cautelar la supresión de los conciertos que la DGA aplicó en aulas de 13 centros concertados de la comunidad. Lo hizo justo antes de que los jueces también estimaran el recurso presentado por otros dos colegios -María Auxiliadora (Zaragoza) y San Gabriel (Zuera)- y después de que el pasado 12 de abril los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza dictaron las medidas cautelares solicitadas por los centros Virgen de Guadalupe, La Salle Montemolín, Sagrado Corazón de Jesús, Cristo Rey, Marianistas, Teresiano del Pilar, Santa María de la Esperanza (Pina de Ebro) y Jesuitas. Así, el número de colegios beneficiados por el dictamen de la Justicia, que, hasta ahora, ha concedido la cautelar a todos los centros que así lo han solicitado, se eleva a diez.

«Se está maniatando absolutamente la acción de la propia Administración para seguir defendiendo sus intereses y, desde luego, estamos en un estado de indefensión que realmente ni compartimos ni entendemos», aseveró Pérez, que insistió en que los autos judiciales que obligan al Ejecutivo a ofrecer, en el proceso de escolarización, las aulas de los colegios privados que decidió no concertar «deslegitiman la autonomía y competencia del Gobierno en defensa del interés general y de una planificación educativa que es lógica».

BATALLA JUDICIAL

«Estas medidas cautelares están sumiendo a la propia Administración y al propio Gobierno en un estado de indefensión absoluta», reiteró la consejera, que aunque subrayó que el Gobierno aragonés acatará las sentencias, anunció su intención de presentar nuevos recursos por vía judicial, administrativa y legislativa. «Las vamos a combatir con todos los medios que tenemos a nuestro alcance porque no las compartimos en absoluto».

Del mismo modo, Pérez extrapoló la aseveración de que el Gobierno se encuentra «maniatado» a las medidas cautelares que ordenaron conceder la licencia de apertura cautelar al colegio Ánfora de Cuarte, y el mantenimiento de la asignatura de Religión en Primaria y Bachillerato. «20 meses después de que se concedieron esas cautelares en el caso del Ánfora y diez en lo que respecta a Religión, siguen en vigor».

Ayer, los magistrados de los juzgados de lo contencioso administrativo número 3 y 5 dictaron dos nuevos autos en los que ordenan al Gobierno que en el proceso de escolarización incluya también todas las plazas de los colegios María Auxiliadora de Zaragoza y San Gabriel de Zuera. En el caso del primero se estiman las medidas «cautelarísimas» solicitadas por el centro sin oír previamente a la Administración y al Ministerio Fiscal ante el inminente comienzo del proceso de escolarización, previsto para el 19 de abril, y dado que no existe tiempo material para que con carácter previo a las otras partes del litigio puedan hacer sus alegaciones.