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LA INTRAHISTORIA

La obcecación de Picazo

Varios jueces cambiaron el sentido de su voto por temor a que no se limitase el efecto para la banca. El presidente impidió deliberar una tercera vía contraria a que pague el cliente

 

El magistrado Luis María Díez-Picazo. - ARCHIVO

ÁNGELES VÁZQUEZ
08/11/2018

La obcecación del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, en su modo de conducir el pleno hizo que varios magistrados, partidarios de ratificar la sentencia de la Sección Segunda, aunque limitando sus efectos, votaran finalmente por enterrar ese cambio jurisprudencial que tantas expectativas había despertado en la ciudadanía y se retomara el criterio anterior, que establecía que el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas lo pague el cliente.

«Aquí el que decide la forma de los debates es el presidente», respondió Díez-Picazo a su antecesor en la presidencia de la Sala Tercera, José Manuel Sieira, cuando este le planteó la necesidad de deliberar en relación con la tercera vía propuesta por la magistrada Pilar Teso. Según fuentes jurídicas, durante la primera ronda de intervenciones hubo varias iniciativas dirigidas a estimar los nuevos recursos de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, conforme ocurrió en las sentencias del pasado 18 de octubre, pero limitando sus efectos. Díez-Picazo las ignoró y decidió someter a votación la opción de Teso, que planteaba que los bancos siguieran pagando el impuesto, pero de ahora en adelante.

Eso enfadó a varios magistrados tanto que les llevó a cambiar su criterio. El que protagonizó el más radical fue Eduardo Espín, porque durante la deliberación defendió que debía abonarlo el banco, sin establecer ningún tipo de limitación, y acabó votando que lo asuma el cliente, como había mantenido el tribunal en los últimos 20 años. Fuentes jurídicas atribuyen la modificación de la postura de los magistrados, que a lo largo de las deliberaciones se inclinaban por confirmar la jurisprudencia fijada el pasado 18 de octubre por la Sección Segunda, al temor a que no se limitara de ninguna forma desde cuándo tenían que asumir este impuesto los bancos.

La propuesta de Pilar Teso fue apoyada durante las deliberaciones por Díez-Picazo. Consistía en confirmar el cambio jurisprudencial introducido por la Sección especializada en tributario, al anular el artículo del reglamento que imponía el tributo al cliente y declarar que debe asumirlo el banco, pero a la vez limitaba el efecto de las sentencias dictadas sin posibilidad de retroactividad alguna. Confiado en que esta opción podía salir adelante, el presidente de la Sala decidió someterla a votación, sin admitir la discusión de los aspectos que podían resultar cuestionables para otros magistrados, como le plantearon varios de ellos, entre los que estaba Sieira. La propuesta fue rechazada por 17 votos a 11.

Voto del presidente

Díez-Picazo optó entonces por someter a votación sin deliberar sobre los efectos de la nueva jurisprudencia las dos propuestas iniciales: estimar o rechazar los recursos de Rivas Vaciamadrid, lo que significa, respectivamente, que este tributo lo pague el banco o el cliente. Jorge Rodríguez-Zapata, que había apoyado la propuesta posibilista, se alineó entonces con el pago al banco. Y José Manuel Bandrés, que durante la deliberación había abogado por la inconstitucionalidad de la ley general tributaria y por elevar una cuestión prejudicial, también votó por volver a la jurisprudencia vieja.

Entonces Díez-Picazo manifestó en voz alta: «Van 14-13, si voto a favor, se empata». E inclinó la balanza a favor de que el Supremo se desdijera de lo dicho 20 días antes. Fuentes de la Sala Tercera consideran difícil reabrir este debate a través de cualquier vía, porque la de lo Civil deberá mantener lo acordado por el pleno de la de Contencioso. Tampoco ven factible que se pueda elevar a la justicia europea una cuestión prejudicial, porque no hay lesión de derechos fundamentales y todo versa sobre una mera interpretación de una norma interna.

En la línea marcada por el presidente del TS, Carlos Lesmes, cuando salió en defensa de la integridad de los magistrados independientemente de su voto, Pedro Sánchez, anunció que modificará la ley para que estos impuestos los pague el banco. Con ello, el brutal daño en imagen sufrido por el alto tribunal, dentro y fuera de España, apenas tendrá trascendencia, más allá de que muestra que la cúspide judicial española puede rectificarse en 20 días, sin un hecho jurídicamente relevante, cuando hay repercusión social, como el desplome en bolsa de la banca.