Las inversiones en infraestructuras que realiza el Estado siguen siendo muy inferiores a las de la época anterior a la llegada al poder del PP a finales del 2011. De hecho, en el 2016 ni siquiera se llegó a los niveles del último año del Gobierno del PSOE, el 2011. Por ello resulta especialmente significativo examinar cómo se ha repartido la inversión en las diferentes comunidades autónomas.

Determinar a cuánto han ascendido las inversiones en infraestructuras no deja de ser una cuestión compleja: el propio concepto de infraestructura, si afecta a gastos de nueva construcción o reposición, la diferenciación entre gasto presupuestado y gasto ejecutado y la pluralidad de organismos que las realizan hace que no haya una estadística global en el marco de la Administración del Estado, y menos aún desagregada por comunidades autónomas.

A pesar de la importancia que tiene también la inversión del Ministerio de Medio Ambiente -especialmente los organismos de cuenca, y dentro de ellos el del Guadalquivir-, este artículo se basa esencialmente en las infraestructuras que ha construido el Grupo Ministerio de Fomento, formado, además de por la entidad matriz, por Aena (aeropuertos), ADIF (ferrocarriles) -con diferencia, quien más ha invertido-, Puertos del Estado y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (ferrocarriles y carreteras).

Reparto muy asimétrico

El primer dato que hay que traer a colación es que la inversión se ha repartido de forma muy asimétrica. Cuatro comunidades autónomas acumulan aproximadamente el 55% de la inversión total realizada por el Ministerio de Fomento en el 2014 y el 2015. De ellas, tres permanecen estables como destino de la inversión (Cataluña, Andalucía y Galicia), mientras que Castilla y León fue sustituida por el País Vasco en el 2015. Si analizáramos la adjudicación de obra pública desde el 2006 veríamos que la inversión en Catalunya es muy superior a la de cualquier comunidad autónoma.

El segundo dato que hay que retener es que las infraestructuras no se han utilizado como un factor de redistribución de la riqueza en nuestro país. En ello ha repercutido el dato de que desde una perspectiva económica se empieza a dudar de la importancia de las infraestructuras como factor de desarrollo. De hecho, resulta llamativo analizar cómo en muchos proyectos el criterio esencial ha sido impulsar actividades económicas que ya estaban establecidas. En esto nos separamos de lo que ocurre en un país con una estructura jurídica parecida a la nuestra, Alemania, donde se observa que existe una mayor vocación de usar la infraestructura para lograr una mayor equidad interterritorial.

Por último, aunque no menos importante, las infraestructuras no se han utilizado como un factor para ganar sostenibilidad. Pese a la fuerte inversión en el ferrocarril, esta se ha destinado al transporte de viajeros, especialmente en alta velocidad. El resultado es su escasísima utilización para el transporte de mercancías, que siguen dependiendo de la carretera.

En este terreno, la comparación con Alemania es concluyente: en ese país, el 62% de las mercancías se transportan por carretera y el 23% por ferrocarril, mientras que en España los porcentajes son, respectivamente, del 91% y el 4%.