La decisión del Gobierno de Aragón de anticipar al pasado lunes el cierre contable del ejercicio provocó ayer un aluvión de críticas por parte de los partidos de la oposición, que entienden esta maniobra como una "decisión política de calado" que persigue únicamente cumplir con el mandato de Madrid y que la comunidad esté a final de año dentro de los objetivos del déficit a costa de "dejar tirados" a los proveedores, contratistas y entidades sociales que trabajan para la Administración autonómica. Duras críticas de PSOE, CHA e IU hacia lo que entienden un "nuevo recorte" en la política económica del PP y Luisa Fernanda Rudi que ahora se traspasa a estas empresas que, en tiempos de crisis, necesitan de esos pagos.

Una lectura muy distinta a la que hace el titular del Departamento de Hacienda de la DGA, el consejero Javier Campoy, quien resaltó que este es solo "un cierre de derecho sobre otro de hecho que ya se estaba aplicando desde mayo", con la Unidad de Control de la Gestión Pública, que lamina todos los gastos para priorizar en obligaciones que ahora seguirán atendiéndose.

EJECUCIÓN

Está "absolutamente descartado" que se vayan a aparcar derechos reconocidos en favor de estas empresas. Otra cosa es que no se puedan introducir nuevos o que "la oposición siempre nos diga de todo cuando hacemos algo". "Además, hay una cláusula con la que excepcionalmente puedo autorizar el gasto", añadió, y que "no hay que hacer una lectura catastrofista" de la situación.

Es la que hacía, por ejemplo, el portavoz parlamentario del PSOE, Javier Sada, quien calificó esta decisión como "un intento desesperado por cumplir con el déficit haciéndose trampas al solitario e intentando ocultar el fracaso político de Rudi a pesar de someter a los aragoneses al sufrimiento de los recortes y de ser incapaz de controlar las cuentas". Así, recordó que ha logrado "dos récords", uno "en su primer año cuando lo retrasó al máximo para culpar al Gobierno anterior y el último para cumplir con un déficit desbocado".

Para el presidente de CHA, José Luis Soro, esta "es la forma de ejecutar un plan económico financiero gastando solo durante nueve meses y afectando a empresas, entidades y oenegés que necesitan como el comer esos pagos y que van a verlos retrasados con el único objetivo de cumplir con el déficit y provocar nuevos recortes". Por eso trasladarán una pregunta al consejero Campoy en el próximo pleno del día 24 sobre las consecuencias de su decisión. Porque "este año la ejecución del presupuesto podría estar por debajo del 90% y el drama es que a pesar de eso no cumplirá el objetivo del déficit".

Mientras, Patricia Luquin, de IU, consideró "inaceptable" la decisión de Campoy que conlleva "tres meses de facturas en los cajones" con la consiguiente afección a las empresas y entidades. "A Campoy le vale todo con tal de conseguir el cumplimiento del objetivo del déficit". "Es una falta de buen Gobierno increíble", añadió, nuevos "recortes en un presupuesto raquítico" y que evidencia "que le importa muy poco la situación en la que deja a los afectados, que se han encontrado de la noche a la mañana con que no van a poder cobrar lo que han prestado".

En el PAR, Antonio Ruspira salió en defensa de Campoy y manifestó que la "oposición es irresponsable por crear una alarma innecesaria", adujo que se ha aplicado "un criterio de prudencia". Y que esto solo afecta a nuevas obligaciones, pero que si a falta de tres meses un departamento no ha puesto en marcha las obligaciones de inversiones que "no habrá sido eficiente" y "tendrá que explicarlo".