Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza rechazaron ayer la asistencia jurídica del letrado municipal y solicitaron al alcalde, Pedro Santisteve, la asistencia jurídica externa para defenderse en el procedimiento judicial iniciado por Zaragoza en Común (ZeC) ante el bloqueo del capital de las sociedades municipales. Lo hicieron en la junta de portavoces que, esta vez sí, el primer edil accedió a convocar y que no logró rebajar la tensión.

El dictamen del Consejo de Estado sobre la interpretación que ZeC ha hecho de la Ley de Capitalidad para tomar el control de las sociedades y reducir a un único consejero la representación de la oposición podría poner punto y final a estas discusiones.

Está listo para sentencia y su conclusión zanjará el debate. Si considera que la ley no se ha aplicado correctamente, ZeC habrá perdido la batalla política y y jurídica, en caso contrario, la habrá perdido la oposición en bloque.

Hasta que haya dictamen, el ayuntamiento no tiene previsto rebajar la tensión. La reunión de ayer fue más larga de lo habitual, duró una hora y media, pero, como decían los concejales, llevaban tres meses sin reunirse con el alcalde y había varios asuntos que debatir que pivotaban sobre un mismo tema: las sociedades municipales. El alcalde entregó a los grupos el expediente con los informes que ZeC ha utilizado para recurrir en el contencioso-administrativo el acuerdo plenario de marzo por el que se bloquearon las cuentas de las sociedades.

Destaca el del letrado municipal, en contra de la moción al considerar «nula» porque, entre otras cosas, «ha carecido, carece y no podrá tener nunca valor y efecto alguno». Argumenta que el texto «impone» una decisión plenaria -en lugar de «instar»- como si fuera el resultado final y obligatorio del procedimiento que se debe iniciar siempre tras la aprobación de una moción. En su explicación añade que las «mociones carecen de la eficacia para la adopción de acuerdos», ya que precisan de informes técnicos, económicos o jurídicos previos a su ejecución. Para el letrado asesor, esta moción no puede ser en ningún caso «resolutiva».

La oposición considera que con este informe no puede representarles el letrado municipal porque las posiciones son «incompatibles». Por ello, han solicitado al Gobierno asesoría externa tanto para los concejales como para el ayuntamiento, ya que el recurso de ZeC va dirigido contra una decisión que adoptó el pleno y que el secretario judicial ha ampliado codemandando a los concejales.

El portavoz de ZeC, Pablo Muñoz, criticó esta petición ya que, a su juicio, «apartan» al letrado y le acusan de estar «intoxicado» cuando ejerce la función que se le encomienda, independientemente de a quién se defienda.

Por otro lado, el expediente contiene un informe del interventor que responde a varias preguntas formuladas por el alcalde. Este concluye que la moción de marzo es válida, algo que han cuestionado desde el equipo de Santisteve, que las sociedades pueden realizar todas las actuaciones previstas para el 20018 y niega que se vayan a generar «excesivos» problemas de gestión ya que se transfirieron 37,6 millones a las sociedades antes de que se aprobara la moción.