El Ayuntamiento de Zaragoza tiene que decidir qué hacer con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula el plan especial de Torre Village en el próximo pleno de marzo y, aunque el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) anunciara el pasado lunes que no piensa recurrirla al Supremo, lo cierto es que todo apunta que así se hará. Ayer lo pedían expresamente el PSOE y el PP, y Ciudadanos (Cs) más tímidamente, se acoge a la necesidad de estudiarlo antes, pero suman mayoría y la competencia es del pleno. Los tres partidos fueron señalados ayer por el alcalde, Pedro Santisteve, por el «grave problema» que crearon con sus votos apoyando un plan al que ZeC se oponía, y les exigió «responsabilidades políticas» y a los tres «que den la cara».

Pero el alcalde obvia una circunstancia que juega en su contra: el Gobierno ya ha cobrado de la empresa «más de un millón de euros» en el pago fraccionado aprobado en el convenio con la promotora, Iberebro, por el 10% del aprovechamiento que ese plan conllevaba por la revalorización de los terrenos, que se traducía en percibir 2,7 millones. No estaría de acuerdo ZeC pero el consistorio lo ha ingresado y esa cantidad sería lo mínimo que tendría que devolver si fracasara el proyecto, mientras todos los partidos apuntan a la «preocupación» por la «responsabilidad patrimonial» que la empresa puede exigir tras lo aprobado en el pleno. Se les ha generado un derecho y unas expectativas de negocio que, pese a la discrepancia política, puede suponer un peaje millonario para las arcas.

Así podría resumirse una resaca de la sentencia en la casa consistorial en la que el alcalde arremetió contra los tres partidos que hicieron posible este plan especial: PP, PSOE y Cs. A su juicio, era «una crónica anunciada del desastre que ha habido en esta ciudad con el tema de las grandes superficies». Y que su Gobierno fijó «una estrecha alianza» con el pequeño comercio que ahora parece liberarle de culpa. Aunque la decisión sobre qué hacer ahora también le atañe a él.

«Nos bloquearon porque parecía que el asunto había que respetar según qué modos de actuación previos y luego se ha visto que la legalidad está por encima y que debía haber ido a una modificación del PGOU. «Y el Gobierno del señor Lambán podría haber sido un poco más cuidadoso al haber tramitado esto con urgencia cuando había serias dudas de lo que podía ocurrir», apostilló Santisteve. «Hoy me decía un vecino si esto será otro ICA. Se juega con el dinero público con muy poca responsabilidad, y lo advertimos. Se hizo todo lo posible pero no se consiguió una mayoría necesaria para paralizarlo. Que den la cara los que tan alegramente dieron el visto bueno», expuso el alcalde, que recordó ese «desgraciado precedente» en este campo como es el híper de Utrillas. «La duda es saber cuándo les va entrar el conocimiento a quienes han estado gobernando 20 años para que según qué errores no se vuelvan a cometer», añadió.

«Políticamente le puede gustar a ZeC pero si no recurre puede incurrir en responsabilidad patrimonial», respondió el edil del PP Pedro Navarro, quien destacó que, pese a que el Gobierno votó en contra, «jurídicamente son los informes los que avalan la decisión y por la vía de los hechos también, porque ya está cobrando por los aprovechamientos». El conservador aseguró que «hay que respetar las decisiones judiciales» y admitió que el fallo «es muy contundente» pero ahora «hay que buscar una solución porque se han generado derechos, las obras están al 70% y la expectativa es de abrir en unos meses». El peaje puede ser alto.

La socialista Lola Ranera también abogó por el recurso de casación y avanzó que pedirán los autos para analizar cómo se hizo la defensa por el letrado municipal. Pero recordó que deviene de los convenios que se impulsaron a principios de siglo para sacar a la industria a la periferia. «Veremos que costes tiene y buscaremos soluciones», afirmó, a la vez que apostilló que «si ha habido una buena defensa, lo lógico sería que se recurra». Sobre todo por una indemnización que podría ocasionar una paralización de las obras, que ella daba casi por hecho. Por un plan especial «que tramitó ZeC». Sara Fernández, de Cs, apeló a «defender los intereses municipales y si puede haber un perjuicio» y que la decisión de recurrir o no «la avale un informe jurídico».

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, mostró sus dudas sobre «si se debería recurrir una sentencia tan clara y si da margen para rebatir los argumentos del juez». Y recordó que su partido «ya recordó que había visos de que se produjera esto», pero ahora preocupa la responsabilidad patrimonial que puede derivarse.

A pie de obra, parece que no ha sucedido nada en los tribunales. Los trabajos de construcción del futuro outlet en los suelos de la antigua factoría de Pikolín continuaban ajenos al revés judicial y a la polémica que se suscitaba en el ayuntamiento. Y no está previsto que se paren a corto plazo. La empresa no las detendrá y nadie lo ha pedido.