La vida sigue en Ranillas. La materialización de la enajenación de las acciones del Real Zaragoza SAD que Agapito Iglesias posee a través de su empresa Zaragoza Sport Arena XXI dependerá del criterio del juez Francisco Picazo, instructor del caso pagarés, y de la sala de la Audiencia Provincial que supervisa sus resoluciones.

Hace cuatro semanas, el magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, emitió un auto por el que conminaba a Iglesias a entregar en la cuenta de depósitos y consignaciones de ese tribunal "la cantidad resultante de la venta" con la advertencia expresa de que, de no hacerlo, podría "incurrir en un presunto delito de alzamiento de bienes".

Este delito, denominado también insolvencia punible, está regulado en los artículos 257 al 261 del Código Penal. Lo cometen, entre otros, quienes efectúen "cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación". Y también lo perpetra "el responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente".

Iglesias no recibirá a corto ni a medio plazo ningún dinero por unas acciones que, al ofrecerle al juzgado las empresas a través de las que controla la sociedad patrimonial tenedora de esos títulos para cubrir la fianza de responsabilidad de 18,85 millones que el juez impuso a los cuatro imputados del caso pagarés, él mismo situó en el perímetro de esa causa judicial.

Fuentes jurídicas explicaron que, en principio, Iglesias no habría cometido ninguna irregularidad al cerrar el traspaso de las acciones con una fórmula de pago diferido, aunque apuntaron como hipótesis previsible que el juez decrete el embargo de los derechos de cobro que el constructor soriano haya formalizado con el grupo de empresarios que ayer anunció que toma el control de la SAD. Eso, anotaron, permitiría ejecutar el auto del 7 de mayo: Agapito entregaría lo que cobre...cuando lo cobre.

Otra cosa es que el instructor de la causa, la Fiscalía o alguna acusación del caso pagarés --DGA, Plaza, Ayuntamiento de Zaragoza, UPD y Manos Limpias-- aprecie indicios de delito e inste una acción judicial. Pero eso está por ver tras el enésimo ardid --"medio empleado hábil y mañosamente para el logro de algún intento"-- de Iglesias, alguien capaz de colocar una empresa sin apenas ingresos y con más de 150 millones de deuda.