Paralizar los cuatro tramos del proyecto del macrotrasvase del Ebro iniciado por el Ejecutivo central en funciones del PP puede tener un coste de hasta 5,6 millones de euros, muy lejos de los 4.206 que supondría ejecutar la obra. Para cumplir el compromiso del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, su Gobierno tendría que rescindir los contratos y compensar a las empresas adjudicatarias de estos proyectos. El material más costoso, la tubería (más de 500 millones de euros) todavía no se ha comprado. Por el contrario, está aún en fase de concurso público.

Tras la victoria electoral del PSOE se han disparado las hipótesis sobre el futuro del trasvase, pues Zapatero ha reiterado en los últimos años que su llegada al poder implicaría una derogación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Una de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa es el coste que supondría paralizar el trasvase, que el PP puso en marcha justo en plena precampaña electoral con cuatro actos de colocación de primeras piedras. El presidente español en funciones, el popular José María Aznar, estuvo en tres de ellos.

Sin conocer al detalle los contratos firmados entre el Ministerio de Medio Ambiente, que aún dirige Elvira Rodríguez, y las cuatro adjudicatarias (Dragados, Obras y Proyectos, la UTE de Romimar, Torres Cámara y Cia de Obras, Intersa y Vías y Construcciones) no es fácil calcular de que forma se puede paralizar la cesión del Ebro y a qué precio.

LA LEGISLACION Pero la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas da una pista: en su artículo 152 establece que en caso de "desestimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 65% del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial".

La legislación aclara que son "obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado".

Si se aplica este artículo a las cuatro obras adjudicadas es posible estimar que el tramo que comenzó en Murcia exigiría una compensación para Intersa de cerca de 260.000 euros. Las obras iniciadas en Almería obligaría a pagar a Vías y Construcciones unos 712.840 euros. Dragados podría recibir hasta algo más de 4 millones de euros por los trabajos de Alicante (Villena). Y las empresas de la unión temporal que empezaron la obra de Castellón tendrían más de 630.000 euros.

Este supuesto de cálculo parte de la base de que no hay diferencia alguna entre las obras pactadas en el contrato y las ejecutadas cuando éste se rescinda. Es decir, considerar que no ha dado tiempo en apenas el mes transcurrido desde que empezaron prácticamente a nada.

Una de las gestiones administrativas impulsada por el PP (ésta, en la misma jornada de reflexión de las elecciones) ha sido el proceso para adquirir la tubería del trasvase, más de 500 kilómetros de conducciones que provocarían un gasto superior a los 515 millones de euros. Esta cantidad no puede ser tenida en cuenta salvo que el Gobierno en funciones haya resuelto en un tiempo récord el concurso público que abrió el pasado día 13 para comprar el material. El gasto, por tanto, no está comprometido.

Diversas fuentes consultadas ayer recordaron que hay al menos dos tramos ya iniciados que no tendrían por qué suspenderse, puesto que son ampliaciones del postrasvase Tajo-Segura que no exigirían la cesión del Ebro y que serían igualmente válidas para los sistemas a los que beneficia dicho canal.