Todos los partidos aragoneses, salvo el PP, se oponen a la propuesta de reforma de la ley electoral para permitir la elección directa de los alcaldes para que gobierne el más votado. Los populares se quedan solos en una propuesta que ni siquiera su socio de Gobierno, el PAR, acepta. La oposición tacha de "aberración" esta modificación y exige consenso y diálogo para que los cambios no alteren al mapa político en beneficio de los conservadores.
La presidenta del Gobierno, Luisa Fernanda Rudi, en un desayuno en Madrid, ya se mostró partidaria de esta medida hace escasamente un mes. Apostó incluso por llevarla adelante sin contar, si es preciso, con el resto de fuerzas. En su opinión "es una buena medida" porque "hay que acercar la política a los ciudadanos" y el alcalde es el representante más cercano a estos. Le parece muy adecuado empezar por el ámbito local una reforma de la ley electoral más amplia hacia la regeneración democrática.
EL PAR, EN CONTRA En Aragón, ni siquiera su socio en el Pignatelli la apoya. El presidente del PAR, José Ángel Biel, dijo esta semana en Teruel que le gustaría que la ley electoral hubiese sido un poco más consensuada. "Es un tema que habría que pactarlo más a fondo". Admitió que no le entusiasma la ley, porque "admite bastante demagogia". Explicó que esta norma deja en el aire una cuestión "muy complicada" que la tendrá que resolver la ley o "alguien más poderoso". Para el líder de los aragonesistas, uno puede ser alcalde sin mayoría absoluta, "pero no sé cómo se puede aprobar un presupuesto sin esa mayoría absoluta".
El portavoz del PSOE, Javier Sada, subrayó que no "se pueden cambiar leyes en función de los intereses de cada uno". Los ayuntamientos, dijo, son la "base de la democracia". "No es de recibo que se produzca ahora esta propuesta que solo persigue perpetuar al PP en las alcaldías, sin tener en cuenta el consenso con el que nacieron algunas normas. Es una auténtica barbaridad", criticó. En su opinión ahora es el peor momento posible para hacerlo, a "ocho meses de las elecciones". "Se quieren cambiar las reglas en mitad del partido, es algo inaceptable", zanjó el socialista.
Carmen Martínez (CHA) calificó la propuesta de "aberración democrática". Pretender cambiar este tipo de cuestiones con las elecciones a la vuelta de la esquina y sin contar con nadie es inaceptable. El PP se ha dado cuenta de que lo ha hecho muy mal, que están más solos que nunca y que se pueden quedar fuera del poder, y lo que quieren es afianzarlo a cualquier precio", dijo. Lo que conseguirán los conservadores, según el análisis de la nacionalista, es que "la ciudadanía se aleje todavía más de la política porque se perderá representatividad. Quieren gobernar como en tiempos pasados", remarcó.
Luis Ángel Romero (IU) recordó que esta medida propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy "no la está pidiendo la ciudadanía". "La gente lo que quiere es que se creen puestos de trabajo, algo que el PP todavía no ha conseguido". Para el diputado andorrano los populares confunden la regeneración con sus ganas de perpetuarse en el poder. "Esta es su única obsesión. Se han dado cuenta de que el bipartidismo está perdiendo fuerza, que partidos hasta ahora minoritarios o que ni siquiera existían les pueden apartar de las instituciones. De ahí estas prisas". Recordó que ningún alcalde ni concejal ha pedido tampoco una medida de estas características. "Lo más urgente es reforzar la democracia participativa. Y Rudi debería posicionarse cuento antes".
Con la oposición de todos los grupos a las medidas del Gobierno, la situación parece clara en la comunidad. En cualquier caso, los partidos siguen teniendo muchas dudas respecto a la reforma. No está claro, por ejemplo, cómo será posible que gobierne un alcalde que, aunque sea el más votado, no cuente con mayoría absoluta. Sus medidas y proyectos quedarán siempre en la cuneta, al no disponer de suficientes votos para sacarlas adelante.
A esto hay que sumar que el mapa política de la comunidad sufriría un cambio total, puesto que en la mayor parte de los consistorios gobiernan coaliciones entre diferentes partidos. Aragón, de hecho, es un territorio que se caracteriza por los acuerdos que hacen posible el funcionamiento normal de las instituciones. Algo que que con estos cambios podría dejar de suceder.
