Aragón cuenta actualmente con 67 bienes incluidos en la Lista Roja de patrimonio de la asociación Hispania Nostra. Un inventario que incluye todos los bienes patrimoniales que corren serio riesgo de desaparición principalmente por abandono o por falta de mantenimiento. Una cifra, la de 67, que sitúa a la comunidad aragonesa como la tercera con más elementos dentro de una lista en la que solo está superada por Castilla y León (con 227) y Andalucía (106).

Y la situación, según denuncia Belén Boloqui, presidenta de Apudepa (Acción pública para la defensa del patrimonio aragonés), es en realidad mucho peor que lo que dictan los datos: «Hay muchos más bienes en peligro que los que están en esa lista. Habría que hacer un buen inventario serio de los bienes patrimoniales que lo son y que tan ni siquiera están reconocidos. En los pueblos pasa mucho, hay casas históricas e incluso algún palacio que están sin catalogar por no hablar de otras cosas de interés como el patrimonio industrial. En total es una suma muy grande porque hay mucho patrimonio sin cuidar», desliza Boloqui, que se detiene principalmente en las zonas alejadas de las urbes: «En el mundo rural nos cuesta más conocer y es más fácil que ciertas cosas pasen más desapercibidas».

CÓMO FUNCIONA / Pero, ¿por qué se da este caso? Para explicarlo hay que conocer el funcionamiento de la Lista roja de patrimonio de Hispania Nostra. El primer paso para que un bien pueda ser incluido en este inventario es que alguien denuncie la situación del bien. Es a partir de entonces cuando se estudia su inclusión. Es por eso que a juicio de Apudepa hay muchos que ni siquiera están incluidos.

La situación no es por tanto nada halagüeña pero aún así Belén Boloqui, presidenta de Apudepa, matiza los datos sin quitarles dramatismo: «En toda España se está dando un fenómeno de destrucción de patrimonio. Aunque según esas cifras parece quese da más en Aragón, no creo que comparativamente sea peor que otras comunidades sin dejar de ser grave», indica Boloqui. Para entender esto, además de otros factores como la superficie de las comunidades, Boloqui también alude al «activismo que hay en cada uno de los territorios». Cuestión que volvería a poner de relieve la forma de entrar en la lista roja ya que organizaciones como Apudepa son muy activas denunciando la mala conservación del patrimonio, lo que incide directamente en la presencia de la comunidad en esta lista.

POR PROVINCIAS / Así, en la Lista roja hay actualmente 32 bienes correspondientes a la provincia de Huesca, 31 a la de Zaragoza y 4 a la de Teruel. Entre ellos, hay muestra de todo tipo de patrimonio, desde las masías del Maestrazgo hasta las ruinas islámicas en Zaragoza (que ahora están convertidas en un vertedero) pasando por Averly y un buen número de ermitas e iglesias del Pirineo oscense. Y es que es precisamente donde se ve en toda su plenitud el problema de la España vacía. «Tenemos un problema muy fuerte con la despoblación y eso es algo que no debería pillarnos de nuevas. Y donde todavía hay residentes hay que tener en cuenta que hay mucha población que está envejecida y que no tiene relevo porque no hay gente joven -comienza su argumentación Boloqui-. Cuando todos esos se mueran, ¿quién vigilará el patrimonio? Hay una serie de problemáticas que ya le explicamos a la directora general en la reunión que tuvimos con ella y a la que hicimos un pequeño diagnóstico», denuncia Boloqui, que propone una solución para esta problemática: «Hay poblaciones con mucho riesgo de vaciamiento, habría que nombrar cuidadores de patrimonio en los pueblos para que se hicieran cargo de vigilar nuestras riquezas. España es muy extensa y Aragón ya ni te cuento...», insiste.

En cuanto a la situación en España, hay registrados 757 situaciones de riesgo en la Lista roja de Hispania Nostra y tras el podio conformado por Castilla y León, Andalucía y Aragón, se sitúan Castilla-La Mancha (65), Extremadura (54) y la Comunidad Valenciana (37). En el lado contrario, si se quita de la clasificación a Ceuta y Melilla, Baleares (3), Canarias (8) y el País Vasco (10) son las comunidades que menos bienes tienen en este inventario.

La última inclusión en Aragón en la Lista roja ha sido la de la Torre de Fernando VI o Castillo Nuevo del camino viejo a Oza el pasado 14 de febrero. Tras la denuncia correspondiente, Hispania Nostra determinó que «tras una mala intervención hace 20 años, su deterioro ha continuado y hace tres años se ha desplomado el lienzo norte. Recientemente se ha desmoronado parte del lienzo este, cuyos cascotes han colapsado el camino, siendo retirados para permitir el paso de los transeúntes que frecuentan el camino viejo a Oza».

Como noticia positiva, desde que se creó esta lista, en Aragón han salido de la Lista roja un total de 19 bienes que han pasado a engrosar la denominada Lista verde. Esta está integrada por patrimonio sobre el que se alertó de la situación pero que o bien ya se está trabajando en evitar su destrucción o hay movimientos que se han creado para reclamar su conservación. Esa situación se ha dado en la comunidad aragonesa a lo largo de estos últimos seis años con edificios como el Peirón de San Miguel en Huesa (Teruel), la iglesia de San Hilario de Buira en Bonansa (Huesca), la iglesia de San Esteban de Villarrué en Laspaúles (Huesca), la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes en Sariñena (Huesca), la iglesia de San Miguel de Otal en Broto (Huesca), el pantocrator de la iglesia de San Juan Bautista de Omiste en Rasal (Huesca), la iglesia de Santa María de Belsué en la misma localidad oscense, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Monreal de Ariza (Zaragoza), la ermita románica de San Miguel en Sarsamarcuello (Huesca), la ermita de Nuestra Señora de Gañarul en Agón (Zaragoza), la torre de los Condes de Bureta en Pleitas de Jalón (Zaragoza), la torre del Palomar en Maluenda (Zaragoza) y el castillo de Cadrete (Zaragoza), entre otros.

En muchas ocasiones, según explica la propia asociación en su web, basta con que se hayan conformado grupos de presión o de apoyo a determinado bien que haya servido para llamar la atención sobre su estado y haya provocado al menos algún movimiento por parte de la administración. Es por eso que cobran importancia las diferentes asociaciones que hay en los territorios para defender el patrimonio.

VILLA MARECA EN ÉPILA / Apudepa, por ejemplo, acaba de llamar la atención sobre la situación de Villa Mareca, que se encuentra a tres kilómetros de Épila. «Es una casa de campo que fue de los Condes de Aranda con elementos del año 1.500 y que tiene una capilla del siglo XIX con el sepulcro del cuarto Conde de Aranda. Se está derrumbando y es un bochorno para todos que tengamos en Aragón algo así y, por ejemplo, no está en la Lista Roja», explica Belén Boloqui.

Peor suerte han corrido a nivel nacional (en Aragón todavía no se ha producido ningún caso tan extremo, al menos que esté registrado por Hispania Nostra) un total de 8 bienes protegidos que han sido eliminados de la Lista roja pero para formar parte de la Lista negra. Es decir, según se puede leer en las condiciones de la propia asociación Hispania Nostra, «al haber desaparecido o haberse alterado sus valores esenciales de manera irreversible». Ha sido el caso del palacete de los Condes de Benahavís-La Mundial en Málaga, la cárcel modelo del Partido Judicial de Úbeda (Jaén), la Casa de la Carnicerí­a de Manzanares (Ciudad Real), el entorno exterior de las murallas de Ávila, la ermita de Guí­a de Jerez de la Frontera (Cádiz), el cuartel de las Heras de Ceuta, el monasterio-hospital de Santa Marí­a de las Tiendas en Lédigos de Cueza (Palencia) y la Casa de Pico de Velasco o de los Godos de Carasa (Cantabria).

Las competencias de patrimonio están transferidas a las comunidades autónomas por lo que son ellas las encargadas de afrontar la conservación y el mantenimiento del mismo.