Los empresarios de Cuenca, Soria y Teruel plantean que estas provincias tengan un estatus fiscal propio, similar al que tienen Ceuta y Melilla, para combatir la despoblación. Un estudio realizado por expertos que ayer se presentó en Teruel después de haberlo entregado a la comisionada del Reto Demográfico propone reducciones en los impuestos de hasta el 50%. Según el estudio, esto supondría únicamente una pérdida del 0,17% de los ingresos del Estado (335 millones) y en cambio tendría un retorno social de 80 millones de euros.
En el caso de Teruel, esta medida supondría un coste fiscal de 102 millones de euros pero tendría un retorno fiscal de 24 millones y serviría para fijar 1.235 empleos. La propuesta plantea una reducción del 50% en todas las figuras impositivas del ordenamiento jurídico del Estado: desde el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta el de Sociedades, pasando por el de Sucesiones y actos jurídicos documentados o de transacciones patrimoniales.
El coordinador del informe, el investigador José Antonio Herce, señaló durante la presentación del estudio encargado por la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, destacó que ese dinero «permanecería en el bolsillo de las empresas y de los autónomos» para revertir en el desarrollo de la población, según indicó Efe.
IMPACTOS INDUCIDOS
Así, una buena parte de los casi 267 millones de euros que se generarían mediante los estímulos fiscales, consistentes en salarios y excedentes empresariales harían su recorrido por el tejido productivo provincial en sucesivas rondas hasta que se agotase su impulso, destaca el informe. Estos denominados «impactos inducidos» podrían llegar a representar «nuevas oleadas de renta y empleo de una entidad relevante, aunque su cuantificación es siempre discutible», asegura el grupo de expertos que ha redactado el estudio. Estos destacan que los excedentes empresariales generados se dirigirán al fortalecimiento de las empresas existentes y a la creación de nueva capacidad productiva. «Esta palanca de desarrollo está cargada de futuro, ya que capitaliza las ganancias a corto plazo de los estímulos fiscales por la vía del emprendimiento y la inversión productiva».
ULTRAPERIFERIA
Estas propuestas para favorecer a lo que estos investigadores denominan «ultraperiferia demográfica española» deberán contar con el beneplácito de la Unión Europea, que es la que tiene que autorizarlos. También requeriría un cambio en la Constitución, que sí contempla el régimen para las Canarias o las ciudades autónomas.
El estudio, denominado Una fiscalidad diferenciada para el progreso de los territorios despoblados en España ha sido elaborado por Sonia Esteban y Pablo de Frutos, de la Universidad de Soria, por el doctor en Derecho José Miguel García Asensio, y por la decana de la institución soriana, Blanca García Gómez. Todos ellos han sido coordinados por José Antonio Herce, doctor en Economía.
El informe también observa cómo han funcionado en positivo algunas medidas similares a las que plantea en zonas como las tierras altas de Escocia o amplias regiones de Noruega. Asimismo, apuesta por este tipo de ventajas fiscales para los residentes -ciudadanos y empresas- que por las ayudas directas del Estado, cuyo resultado final siempre es más incierto. Lo mismo ocurre con los «constantes planes territoriales» que se redactan, que «muy raramente pasan la prueba de su finalización en los periodos y parámetros inicialmente planteados. En muchos casos, se esfuman a mitad de mandato de sus promotores, con el consiguiente gasto improductivo de recursos», indican los autores del informe.
El presidente de CEOE Teruel, Carlos Torre, apuntó, según Efe, que este informe sirve para «justificar y cuantificar cuál es el coste» de esta discriminación positiva que demandan. «Damos una base legal para que dentro de la Unión Europea» añadió «no se consideren como ayudas de Estado esas bonificaciones».
