Serán 170 medidas en siete campos de acción dirigidas a un único objetivo fundamental: promover la integración total de los inmigrantes en Aragón, un colectivo que engloba a más de 70.000 personas. Así lo aprobó ayer el Consejo de Gobierno de Ejecutivo autonómico que, por primera vez, aunque con tres años de retraso frente a lo previsto, pondrá en marcha un plan integral para los extranjeros residentes en Aragón. La iniciativa implicará a siete consejerías de la DGA y dispondrá de una dotación económica inicial de tres millones de euros sólo para el año 2004.
El consejero de Economía, Eduardo Bandrés, esbozó ayer las líneas de actuación del documento, que debía haber entrado en marcha en la anterior legislatura y que ahora todavía tendrá que ser refrendado por las Cortes. Según explicó, se plantea como un programa "vivo", que pueda ser modificado en función de las futuras necesidades y que incidirá en la salud, la educación, la vivienda, la atención jurídica, los servicios sociales y el empleo de los inmigrantes. La iniciativa introducirá medidas contra los riesgos laborales y la explotación sexual, entre otras.
El plan lanzado desde Economía englobará programas nuevos y otros que ya están en marcha a través de diversos departamentos. Con todo esto, se pretende "normalizar" la atención a los trabajadores inmigrantes para que "tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones" que el resto de la población, según dijo Bandrés. El consejero destacó que "éste es un asunto de gran trascendencia", ya que "muchos inmigrantes cotizan", y que "el futuro Gobierno de España tendrá que formular medidas para normalizar la situación" de los que trabajan sin contratos registrados.
Según explicó, "hay bastantes empresas que no pueden llevar adelante sus planes de expansión porque les falta mano de obra cualificada". "No nos interesa una política de puertas abiertas, pero sí hay que buscar la llegada de inmigrantes cualificados", concluyó.
SIETE FRENTES DE ACCION El plan, que surgió del consenso con los firmantes del Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón y con las aportaciones de asociaciones que trabajan en el ámbito de la inmigración, pretende analizar la situación de este colectivo, además de aplicar 170 medidas concretas. Por esta razón, establece la creación de un Observatorio Aragonés de la Inmigración, con carácter general, y de otro específico para estudiar la situación sociosanitaria de esta población, que representa una de cada diez consultas en centros de salud.
El área de salud incluye también otros cinco programas de prevención de enfermedades específicas, información y formación para los profesionales sanitarios.
En cuanto a la Educación se prevén once medidas específicas, entre los que destacan la creación de un Centro Aragonés de Recursos y un programa Por la escuela intercultural . En este apartado también se incluyen actuaciones interculturales y de formación del profesorado y aulas de español para inmigrantes.
El área de atención jurídica contempla tres planes de orientación, información y coordinación interadministrativa y otros tantos irán destinados a la mejora de la vivienda, mediante promociones públicas, programas de alquiler y rehabilitación de inmuebles.
La batería de acciones también incide especialmente en el área de empleo, con seis programas que incluyen un estudio de las necesidades de la mano de obra extranjera en Aragón, medidas de inserción, promoción y de ordenación de la campaña agrícola y de prevención de riesgos laborales.
Los dos últimos frentes de actuación son el de la sensibilización (que contará con un servicio de mediación intercultural y numerosos programas) y el de servicios sociales, que prestará especial atención a los menores y a las mujeres. Ellas contarán, asimismo, con un programa específico que pretende erradicar la explotación sexual.
