El juez Francisco Picazo tiene ya sobre su mesa los escritos de acusación de al menos tres de las cuatro acusaciones personadas en el caso pagarés, en el que investiga los sobrecostes millonarios de las obras de las naves de Autocity en Plaza.

Si Unión Progreso y Democracia presentó ya hace unas semanas su calificación provisional, en la que pedía penas de entre 13 y 16 años de prisión, recientemente se han sumado el Gobierno de Aragón y Plaza, con solicitudes de entre 12 y 15 años. Esta es la condena que la plataforma logística pide para todos, según refleja su escrito, aunque sitúe a Agapito Iglesias como cooperador.

Los escritos de las acusaciones difieren en extensión --unas 60 páginas el de la DGA, pocas más que el de UPD, por las apenas 15 de Plaza-- pero sintetizan los mismos hechos.

Según recoge el letrado de la DGA, la revisión de precios respecto al proyecto inicial llave en mano --presupuestado en 14,5 millones de euros-- "quedó clara y tajantemente prohibida" en la licitación, algo aceptado por las partes pero "vulnerado a conciencia" por los acusados, según su escrito. Considera que "ocultando información u otorgándola sesgada" al consejo de administración de la plataforma hicieron que este no contemplase la posibilidad de una nueva licitación al variar el precio, algo factible pero que no se aplicó.

Para el abogado, los imputados "concibieron un plan y/o estrategia con el fin de desviar, perjudicando a la empresa pública y por lo tanto a la Hacienda Pública autonómica" y pagando hasta 32,3 millones por una obra adjudicada en los citados 14,5.

Para la DGA, estos hechos constituyen delitos de estafa, administración desleal y malversación de caudales públicos en concurso con fraude y exacciones ilegales. Por ello pide para García Becerril, Escó, Iglesias y Pérez, en función de su grado de comisión --este último sería solo cómplice de la malversación, y Agapito cooperador necesario-- penas de prisión de 14, 14, 12 y 13 años, respectivamente. Para Plaza --15 años para todos-- los delitos serían estafa, administración ideal y malversación en concurso con falsedad.

Ambas acusaciones piden que, donde no lleguen los imputados para devolver el dinero pague Codesport como responsable subsidiario si hay condena.