La empresa pública Plaza entró en pérdidas nada más consumarse el pelotazo de Codesport que investiga el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, en el caso pagarés.
El juez ha imputado al constructor Agapito Iglesias, propietario de Codesport y accionista mayoritario del Real Zaragoza SAD, como presunto cooperador de los delitos de administración desleal y malversación de caudales por los que están encartados el exgerente y el exconsejero delegado de Plaza, Ricardo García Becerril y Carlos Escó, y también como supuesto autor de una estafa por la que "resultaría perjudicada la entidad Plaza".
El auto de imputación, adelantado ayer por Heraldo, cifra en 14 millones de euros la cantidad indebidamente percibida por Codesport por la construcción de unas naves. Según señala la resolución, fueron adjudicadas por 14,5 millones y liquidadas por 32,3 --"más del doble de lo presupuestado"--, aunque a ese supuesto desfase de 18 habría que restarle un incremento de costes "de menos de cuatro". Esas sumas fueron abonadas a la empresa de Iglesias "por el señor García Becerril y el también imputado señor Escó, con cargo a fondos públicos".
CONCERTACIÓN
El auto valora la existencia de "suficientes indicios" que señalan la "razonable posibilidad de que ese resto de 14 millones pasara a manos de las personas ya imputadas así como también a las del constructor". Así, apunta la existencia de "un posible consilium fraudis (ánimo de defraudar) entre el contratista, quien inicialmente y siguiendo un plan preconcebido se avino con el cliente Plaza a hinchar la facturación (...) para facturar por tal cantidad ficticia y ser abonada esta", que acabaría en las "manos del contratista y del dueño de la obra".
El magistrado añade que "no es en absoluto comprensible ni razonable que el contratista facture al cliente una cantidad superior en más del doble que la presupuestada y que este último se avenga a abonarla sin problemas ni oposición alguna salvo, claro está, que tal abono se haga con dinero público".
Por otro lado, Escó sostuvo en su declaración que firmó cuatro pagarés por 8,7 millones emitidos a favor de Codesport a finales del 2008 porque confiaba en García Becerril y este le habló de "la necesidad" de abonar ese dinero a la empresa del constructor soriano. El exconsejero delegado de Plaza admitió que rubricó uno de esos efectos de pago sin estar autorizado, ya que superaba los tres millones de euros y ese montante requería la aprobación del presidente de la empresa pública, que en aquellos años era el consejero de Obras Públicas, Alfonso Vicente.
ESTAFA
Fuentes jurídicas mostraron su sorpresa por la aparente incongruencia que supondría imputar un delito de estafa a Iglesias, ya que el componente clave de esa infracción es la existencia de un engaño bastante --capaz de persuadir a la víctima--, y, en este caso, los burlados serían los ejecutivos que en la misma resolución aparecen como presuntos autores de una confabulación diseñada para saquear la empresa pública.
La emisión de los pagarés se produjo cuando Plaza estaba a punto de cerrar el último ejercicio anual en el que obtuvo beneficios.
Según señala la Cuenta General de la comunidad autónoma, la Plataforma Logística de Zaragoza obtuvo en el 2008 unos beneficios de 455.477 euros, que en esa ocasión fueron destinados a reservas.
El año siguiente, el 2009, fue el primero de pérdidas, que ascendieron a 5.814.432 euros.
Las cuentas de Plaza del 2012, las últimas que se encuentran disponibles en la web del Gobierno de Aragón, indican que la empresa pública acumuló entre el 2009 y ese ejercicio unas pérdidas de 74,9 millones de euros.
