Dos reformas legales impulsadas por el actual Gobierno del PP y el anterior del PSOE han tenido el efecto disuasorio que pronosticaron los operadores judiciales y han reducido prácticamente a la mitad en solo dos años el volumen de pleitos que los ciudadanos interponen contra las decisiones de las administraciones públicas.
Según los datos facilitados por el Decanato de la Ciudad de la Justicia, los cinco juzgados de lo Contencioso Administrativo de Zaragoza, que tienen competencia provincial, recibieron el año pasado 1.505 demandas frente a las 1.881 del ejercicio anterior, un descenso del 20% que llega después de otro del 33% registrado con respecto al 2011, en el que la cifra de pleitos en esta jurisdicción se elevó a 2.838.
MODERNIZACIÓN La modernización de la jurisdicción Contencioso Administrativa, impulsada en 1998 por el primer Gobierno de Aznar, supuso que los ciudadanos pudieran combatir en los juzgados cualquier resolución de una institución o un organismo público que considerara dañina para sus intereses: desde la denegación de una licencia de obras a la aprobación del proyecto de un pantano pasando por una multa de tráfico o la concesión de un indulto.
Sin embargo, resultó ser una medida molesta para los poderes, que trece años después comenzaron a aplicar reformas que han terminado por desanimar a los ciudadanos de acudir a estos juzgados. En Zaragoza, el récord de litigiosidad en esta jurisdicción quedó establecido en el 2006, cuando los tribunales de base de lo Contencioso Administrativo recibieron 3.040 demandas de ciudadanos: cuestionaban trece decisiones de las instituciones cada día hábil.
La primera de esas modificaciones fue incluida en la Ley de Medidas de Agilización Procesal, aprobada en el otoño del 2011 e impulsada por el ministro Francisco Caamaño. En ella quedaba establecido el principio del vencimiento objetivo, que suponía que quien perdía un pleito debía asumir las costas de las dos partes.
Esa decisión tuvo entre los ciudadanos un claro efecto disuasorio que se vio acentuado el año pasado con la entrada en vigor, el 20 de noviembre del 2012, de las tasas judiciales promovidas por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que hacía que en ocasiones el peaje para poder litigar fuera superior a la cifra en la que el demandante se sentía perjudicado, caso de las multas de tráfico u otras sanciones económicas menores.
Está por ver qué efectos tienen la jurisdicción Contencioso Administrativa la abolición de las faltas y la aplicación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
