Podemos considera que «después de una época negra en la que el Partido Popular y el PAR se dedicaron a desmantelar sistemática e ideológicamente la educación pública, poniendo en la calle a más de 2000 profesores y cerrando más de 200 aulas --al mismo tiempo que la concertada no sufría ningún recorte--, teníamos este año la oportunidad de revertir esta tendencia». Pero lamenta «lo tímido de la medida del PSOE», aunque celebra que «sirva para estar al menos un poco más cerca de una educación pública entendida como un derecho que garantice la igualdad de oportunidades».
Veinticuatro horas después de la multitudinaria manifestación por las calles de Zaragoza en defensa de las plazas concertadas, el departamento de Educación anunció ayer la supresión de trece de ellas y la no admisión de otras dos. Las reacciones de los representantes políticos no se han hecho esperar. Mientras unos valoran positivamente la medida, otros se ciñen a los miles de personas que claman en favor de la no supresión de plazas.
El portavoz socialista, Javier Sada, manifestó su «respeto por quienes se manifestaron en favor de la concertada» Y añadió que «el problema de la comunidad son el PP y el PAR, cuyo gobierno eliminó más de 110 aulas públicas y 30 escuelas rurales y planeaban cerrar otras 22 más ».
De otra opinión se mostró la portavoz del Partido Popular Mar Vaquero, que instó al presidente Javier Lambán a que escuche la «aclamación» de la sociedad aragonesa y, concretamente, de las familias de la concertada que se manifestaron contra sus políticas y se convierta en un Gobierno útil». Vaquero añadió que el «Ejecutivo autonómico se ha encargado de crear un problema donde no lo había» y haciendo referencia a la negociación con Podemos para sacar adelante los presupestos, afirmó que «dado que no ha querido ofrecer la cabeza del consejero de Hacienda Gimeno, sí que ha estado dispuesto a mercadear con la elección de los padres para mantenerse en su sillón».
También Susana Gaspar, de Ciudadanos, se manifestó en la misma línea afirmando que «no les parece correcto lo que pretende llevar a cabo el Ejecutivo tras su pacto con Podemos» y pidió que se cumpla la legalidad vigente y la jurisprudencia, que está «para ser cumplida y no para saltársela a la torera, como pretende Lambán». A éste le pide que sea «presidente de todos los aragoneses y no de unos pocos y que no siga aplicando las políticas radicales a las que sus socios de desgobierno le están llevando». Que rectifique respecto a las vías de la concertada y que tenga en cuenta «que la sociedad aragonesa demostró en la manifestación que no está de acuerdo».
Incluso hay quien ha pedido la dimisión de la Consejera de Educación, Mayte Pérez. Así se manifestó la diputada del PAR María Herrero, que pidió a la consejera que «rectifique o dimita», ya que en la manifestación se demostró que tiene en contra «a una tercera parte de la comunidad escolar». Calificó la marcha como un «hito histórico que tiene que invitar a Lambán a reflexionar y replantearse su política educativa completamente sectaria y de crear problemas donde no los hay».
De otra opinión se mostró el coordinador general de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, que defendió que el dinero público «hay que priorizarlo en un modelo de enseñanza pública», y señaló que España «vive una anomalía con el mantenimiento de la red concertada, que nació porque la pública no tenía capacidad para dar salida a las necesidades de escolarización», insistiendo en que lo público «garantiza ese derecho universal» de escolarización, por lo que es «obligación de todos apostar por una red pública fuerte y potente».
También Carmen Martínez, de CHA, manifestó que «el deber de la Administración es ofrecer plazas para la escolarización de todos los niños en edad escolar». Añadió que «la educación pública tiene que ser el eje central y la concertada una parte subsidiaria de la oferta».H
