La Policía británica detectó el pasado mes de junio en el aeropuerto londinense de Stansted la entrada de Miguel Ángel Bretón, directivo de Acciona y gerente de la UTE Plaza, acusado en el caso saqueo. Las autoridades comunicaron a España la detección del hombre, al que le constaba la próxima celebración del juicio, y el juez instructor, José Ignacio Martínez, llegó a convocarle para el pasado 2 de agosto en el juzgado para dar explicaciones. Pero finalmente estas no serán necesarias.
La defensa de Bretón alegó que, en efecto, este había viajado a Londres con su familia, para una semana. Pero no lo hizo para darse a la fuga, como se podría sospechar, sino de vacaciones. Y no incumplió ninguna medida cautelar que tuviera impuesta, porque en ningún momento de los cinco años de instrucción se le ha impuesto la prohibición de salir de España.
Ante esta alegación, el juez pidió a uno de los fiscales anticorrupción que ha investigado la causa, José Grinda, que se pronunciase. Y este constató, revisando la causa, que en efecto no tenía ninguna restricción a la hora de abandonar el territorio nacional. Esta medida suele ser complementaria a la retirada del pasaporte, que sí se acordó para Bretón y otros acusados, pero no tiene carácter automático si no se refleja específicamente. Así pues, al viajar a un país que por ahora sigue dentro del territorio Schengen, para el que solo se requiere el DNI, Bretón no cometió ninguna irregularidad y se retiró su citación al juzgado.
No es la primera vez a lo largo del lustro que ya dura la investigación de Plaza en que la afición viajera de los acusados genera algún problema. También le sucedió a otro directivo de Acciona, y predecesor de Bretón como gerente de la UTE, José María Jordán, al que detectaron hace tres años en Portugal. Un viaje que, según fuentes consultadas, fue por trabajo y tampoco trajo mayores consecuencias.
Ambos obtuvieron además en su día un permiso especial del juzgado, a requerimiento de Acciona y previo pago de ocho millones de fianza, para seguir trabajando en Sudamérica, donde estaban destinados cuando estalló el caso. El juez accedió a devolverles el pasaporte a condición de que lo entregaran nada más llegar en el consulado o la embajada españoles y se personaran regularmente en las mismas para controlar que no se fugaban, como así hicieron.
