La presunta trama de inmigración por la que han sido detenidos dos policías locales ha sumado otro arresto, según trascendió ayer. Se trata de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, según fuentes cercanas a las pesquisas. Todos ellos han sido imputados en el marco de una operación de la Brigada de Extranjería y Fronteras están ya en libertad. Entre los policías locales, el primero, J. C. R. L., salió ya al día siguiente de la detención --el jueves--, mientras su compañero F. S. C. lo hizo ayer, tras prestar declaración en el Juzgado de Guardia.
Fuentes oficiales del cuerpo declinaron confirmar datos sobre la investigación, al tratarse de una operación a nivel nacional, según aseguraron. Los responsables políticos del cuerpo tampoco hicieron declaraciones sobre el caso.
La denuncia fue interpuesta en otra comunidad autónoma, y la investigación ha corrido a cargo de la citada brigada de Extranjería. Según pudo saber este diario, llevaban meses tras la pista de las presuntas actividades ilícitas de los agentes.
PERMISOS Fuentes conocedoras de la investigación apuntaron a que los servicios prestados a los ciudadanos chinos que motivaron las detenciones vendrían tanto de la falsificación del padrón --como adelantó EL PERIÓDICO-- como de las licencias para locales de este colectivo, fundamentalmente bares y bazares. Una trabajadora social de la Casa de las Culturas ha sido interrogada al aparecer su firma en un certificado de arraigo de uno de los documentos analizados. La mujer aseguró que se trata de una falsificación.
Según fuentes municipales y del cuerpo, el acceso a los datos del padrón está bastante restringido a los funcionarios, aunque los policías locales sí pueden consultarlo para determinadas diligencias. Sin embargo, la posible modificación de los datos a la que aludían las primeras informaciones estaría limitada a un escasísimo número de trabajadores.
Las presuntas irregularidades que habrían cometido los agentes de la Policía Local tendrían que ver con estos servicios a ciudadanos chinos. Ambos habían pasado a lo largo de su larga carrera por diversos servicios, incluída la UVE, antecesores de la Unidad de Apoyo Operativo (UAPO), el servicio de escolta municipal --los concejales a los que vigilaban hace años que ya no están en el consistorio-- o las patrullas de los barrios rurales, donde trabajan actualmente.
En una época estuvieron integrados en la unidad ambiental y de consumo, una de cuyas competencias es el control de establecimientos públicos. Sería en esta responsabilidad en la que, presuntamente, habrían cometido las irregularidades. La Policía no confirmó de qué cariz serían, o los delitos que les imputan, pero incluirían la falsedad documental.
Según fuentes conocedoras de las pesquisas, habrían sido los propios agentes de la unidad los que, tras abandonarla los detenidos, habrían descubierto los expedientes sospechosos, al parecer en gran número, y habrían puesto sobre aviso al Cuerpo Nacional de Policía. Según se deduce de la escueta información del cuerpo, esta información habría coincidido --o reforzado-- la denuncia interpuesta en otra comunidad.
Los agentes de Extranjería y Fronteras comenzaron a indagar los expedientes sospechosos y, tras casi un año de pesquisas, procedieron el pasado miércoles al arresto de los dos agentes, a los que acompañó un tercero del propio cuerpo nacional, de la comisaría de Delicias.
