Una carpeta con el nombre Chanch --apócope de chanchullos, según la Policía Nacional-- encontrada en el correo electrónico del director técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes, muestra, la "connivencia" existente entre las direcciones de obra de la plataforma logística para "participar en la alteración de los concursos y licitaciones convocados por Plaza, bien mediante la redacción del pliego de acuerdo con la que va a ser licitadora o, incluso, con la redacción de documentos a posteriori para dar apariencia de legalidad a los hechos ya consumados".
Una conclusión a la que llega la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en dos informes que acaba de remitir al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, encargado del caso saqueo, que investiga una supuesta malversación de 80 millones de euros en las obras de urbanización de este centro logístico.
INGENIERÍA
A lo largo de las cien páginas de las que constan estos documentos, los investigadores destacan cómo, por ejemplo, a pesar de la existencia de informes negativos, se contrató a Intecsa-Inarsa para realizar la dirección de obra de la primera fase de Plaza. Y es que esta empresa de ingeniería, representada por Nico Groeneveld --imputado en esta causa--, hizo la redacción de los pliegos antes de presentarse a la misma. Hecho que para una consultora "no era positivo por los vicios, defectos y omisiones en el proyecto presentado".
El artífice para conseguir que Intecsa-Inarsa estuviera presente en los trabajos fue el director de obras, Miguel Ángel Pérez Cervantes, quien añade criterios de valoración que "favorecen la contratación de esta empresa". Uno de ellos fue "que se valorará la experiencia del licitador en obras de construcción de presupuestos superiores a 60.000 euros, ejecutadas en los últimos años, punto que, para la Policía, "acota mucho el ámbito de empresas que pueden acceder".
El Cuerpo Nacional de Policía también recalca que la UTE liderada por Acciona consiguió realizar las obras de la segunda fase de Plaza tras amañarse el concurso, tal y como publicó EL PERIÓDICO, a raíz de un mandato procedente del Gobierno de Aragón PSOE-PAR en el que se instaba a "reajustar la puntuación para que alcanzase los 59 puntos".
Asimismo, afirma que los precios que se pagan por Plaza no responden a la obra ejecutada porque "la UTE presentaba su oferta con la garantía de que el precio ofrecido iba a ser elevado a su conveniencia hasta un total pactado previamente". "Hubo una alteración de las reglas de la competencia y un perjuicio al ente público", sentencian.
DISCUSIÓN
En este sentido, en el informe policial se adjunta una serie de correos electrónicos en los que hay una discusión entre Intecsa-Inarsa y Plaza por "el descuadre en el importe a satisfacer a la constructora".
Especialmente relevante es el análisis del apartadero ferroviario, obra que fue investigada por el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, aunque fue archivada porque el juez no encontró prevaricación de cara a contratar a la UTE Acciona-MLN. Sin embargo, la Policía resalta que esta empresa "redactó los pliegos de licitación que luego resultó adjudicada".
En este proceso volvió a intervenir Miguel Ángel Pérez, tal y como apunta la UDEF, que incluso "hizo un arreglo posterior de las faltas en el procedimiento seguido", ya que se pedían tres ofertas sin ningún tipo de publicidad. Al parecer, se "olvidaron" de justificar adecuadamente esta adjudicación sin competencia apreciable".
En un email hallado a Pérez se le sugiere que explique que estos trabajos se ejecutan en terrenos de la segunda fase de Plaza y que "al no ser recibida por la UTE, la adjudicación supondría un posible problema en el caso de que se entregara a un contratista diferente".
