Es imposible que una comunidad mal financiada desde Madrid y con unos presupuestos autonómicos irrealizables cumpla con las exigencias de déficit público. Aunque la fotografía ha mejorado respecto de los últimos meses, los esfuerzos de la consejería de Javier Campoy por embridar las cuentas públicas aragonesas chocan con una realidad hierática. Mientras el ministro Cristóbal Montoro no aborde estas nuevas necesidades de financiación será imposible reequilibrar las cuentas sin recortes sangrantes para los ciudadanos, porque las comunidades son las prestatarias de los servicios. Campoy ha mejorado la gestión, pero su margen de maniobra era escaso y los milagros macroeconómicos no existen.
Además de las dos causas expuestas, los desequilibrios de las finanzas aragonesas son fruto del excesivo afán de autosuficiencia de la DGA. La presidenta Luisa Fernanda Rudi erró cuando esquivó el Fondo de Liquidez Autonómica, como lo evidencia que desde entonces las cuentas de la comunidad no hayan levantado cabeza. Primero, con cierres de caja cada vez más adelantados y los consiguientes retrasos en los pagos a proveedores; y en segundo lugar, con unos costes de la deuda por encima de aquellas que fueron rescatadas.
El argumento de que se incumple el déficit conscientemente para no traspasar las líneas rojas de los recortes en servicios esenciales suena a pose heroico-electoralista.
