La exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, que el Gobierno aprobará mañana, ya tiene al centroderecha en contra. Ni el PP ni Ciudadanos piensan apoyar la iniciativa socialista. Ambos partidos criticaron ayer la decisión del Ejecutivo. No tanto por el traslado del cadáver del dictador, aunque también, como por la vía elegida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: un decreto ley, instrumento que requiere «extraordinaria y urgente necesidad» para su puesta en marcha. Ni los conservadores ni los naranjas consideran que el traslado del general golpista sea urgente y ambos se movilizaron frente a la exhumación. Sobre todo los primeros, que anunciaron un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Aun así, el Gobierno tiene asegurada la convalidación del decreto en el Congreso, que tendrá lugar en septiembre. Cs se abstendrá. El PP aún no ha aclarado si votará en contra. Unidos Podemos apoyará la medida y el resto de aliados de Sánchez en la moción de censura que le llevó a la Moncloa basculan entre el respaldo y la abstención.

Aunque el Ejecutivo guarda silencio sobre la fórmula elegida para la salida de los restos de Franco, más allá de que se tratará de una escueta modificación de la ley de memoria histórica, fuentes de la Moncloa señalan que el decreto podría no mencionar al dictador. La reforma, explican, consistiría en una ampliación del artículo 16 de esta norma, donde se regula el Valle de los Caídos, que diría que no pueden estar allí enterrados quienes no murieron en la guerra civil ni fueron posteriormente represaliados. Franco, fallecido en 1975, no cumple con ninguno de estos requisitos.

TRANSICIÓN INTOCABLE / Sin defender a Franco, el PP dejó claro su oposición a la iniciativa. La tumba del dictador, a su juicio, debe quedarse donde está. «¿Se cree [Sánchez] con mayor legitimidad para tomar decisiones que las que tomaron [Manuel] Fraga, [Adolfo] Suárez y [Santiago] Carrillo en su momento, creando paz, concordia y generando una Transición ejemplar en toda Europa?», se preguntó el secretario general de los conservadores, Teodoro García. El PP, anunció García a Efe, recurrirá ante el Constitucional la medida del Ejecutivo.

Los magistrados del alto tribunal podrían, llegado el caso, considerar que el uso del decreto ley no está aquí justificado. El Ejecutivo basa la urgencia en dos razones: la proposición no de ley que el Congreso aprobó hace más de un año, instando al Gobierno de Mariano Rajoy a desenterrar al dictador, y las reiteradas reclamaciones en el mismo sentido de organismos internacionales.

Los naranjas también arremetieron contra la urgencia alegada por el Ejecutivo. Primero, su líder, Albert Rivera, dijo en Onda Cero que su partido no apoyaría la exhumación. «Hay un intento de volver a las batallas fratricidas de rojos y azules», señaló. Después, un portavoz de Cs aclaró que sus 32 diputados se abstendrían, al considerar que el Gobierno debería emplear esta iniciativa para convertir el Valle de los Caídos en un centro de «reconciliación». La transformación del recinto, explican fuentes socialistas, vendrá después, probablemente a través de un proyecto de ley que recuperará una iniciativa del PSOE que defiende convertirlo en un memorial de las víctimas de la guerra civil y la dictadura.

«Cs no defrauda. Cada vez que tiene la oportunidad de posicionarse lo hace más escorado a la derecha», dijo la portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra. Rivera, concluyó, «hace mucho que perdió el centro y ahora ha perdido el norte».

El uso del decreto, un instrumento al que Pedro Sánchez ha recurrido ya más veces que Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero en el mismo periodo de tiempo, presenta dos ventajas para el Gobierno, que solo cuenta con los 84 diputados del PSOE. Por un lado, al tratarse de una ley, impide que la familia del dictador, contraria al traslado, acuda a los jueces. Y, al no permitir enmiendas, la oposición solo puede apoyarlo, rechazarlo o abstenerse.