La sentencia del procés se ha conocido en precampaña, una circunstancia que ha afectado a las posiciones de los dirigentes políticos ante un fallo judicial, que esta vez sí, es histórico. Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos) quisieron investir de solemnidad sus palabras y descartaron las sedes de sus partidos. Eligieron la sala de prensa del Congreso, pero pese a ese gesto no perdieron la oportunidad de mezclar la delicada situación en Cataluaña con sus intereses antes del 10-N.

El líder de los naranjas empezó a hablar cuando Pedro Sánchez aún lo hacía en la Moncloa, como si no le interesara escuchar lo que estaba diciendo. Seguidamente, y después de que el secretario general del PSOE hubiera acabado, apareció Casado en la sala. Ambos coincidieron en reclamar a Sánchez que no indulte a los condenados y también le advirtieron contra cualquier beneficio penitenciario que los dirigentes del 1-O puedan obtener, al estar esa materia transferida a la Generalitat. El jefe del Ejecutivo en funciones, también de precampaña, había abogado en su declaración por el cumplimiento «íntegro» de las condenas, detalle que tanto Rivera, que no le escuchó, como Casado, que sí lo hizo, pero lo obvió, olvidaron.

Casado, por su parte, aprovechó para recordar las diferentes reformas legislativas que ha propuesto a lo largo del último año para que una situación «tan grave» no vuelva a repetirse. Entre otras, modificar la ley del indulto para prohibirlo en caso de sedición o rebelión; recuperar la tipificación del referéndum ilegal; volver a incluir el delito de sedición impropia, e impulsar la reforma de la euroorden para que las entregas de procesados por delitos tan graves como los de Carles Puigdemont sean «automáticas».

Rivera, por su parte, se mostró insistente en la necesidad de mantener una reunión con Sánchez, pese a que le dio plantón en verano. Con el bajón en las encuestas, busca su espacio. Reclamó una cita a tres, en la que participe también Casado. Sánchez llamó a ambos a primera hora de la tarde y poco trascendió.

Vox opinó que la sentencia es «una vergüenza para España» por considerar que estaba probado el delito de rebelión. El partido anunció que estudia recurrir el fallo, una impugnación que solo podrá presentarse ante el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.