La auditoría realizada el verano pasado por los técnicos municipales dejó en evidencia que el PP dejó tasas e impuestos pendientes de cobro por un importe de 85 millones de euros, que correspondían a recibos de entre los años 1987 y 2002 y de los que el 92% se emitió durante los ocho años del Gobierno municipal popular.

Durante sus dos legislaturas, los conservadores anularon facturas por un importe de 157 millones de euros. Cuando llegaron al poder se encontraron con 150 millones pendiente de cobro y los funcionarios de recaudación lanzaron sucesivas campañas de limpieza de recibos heredados que ya eran incobrables, cuya suma ascendió a casi 79 millones. También dio de baja recibos emitidos durante su etapa por un importe de 78,5 millones.