La polémica por el destino dado a los 7,5 millones de euros del remanente del 2010, generado por la reducción salarial de los funcionarios, volvió al salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza el mismo día en el que se conocía que el Partido Popular ha presentado un recurso de reposición contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que daba carpetazo a la controversia política.

El motivo de la discusión era que el Gobierno municipal, con el apoyo de CHA e IU, dedicó ese dinero a pagar a sus proveedores y no a reducir su deuda financiera, como le exigía el real decreto ley del Ejecutivo central. Pero si en primera instancia se le dio la razón, el pasado 30 de diciembre el TSJA determinó la "imposibilidad legal" de aplicarlo porque aquel ejercicio está liquidado.

Pero el PP, de nuevo a través de la consejera de Educación de la DGA y antigua portavoz del partido en el consistorio, Dolores Serrat, denuncia la "flagrante omisión" de cuestiones denunciadas, tales como la petición, aparte de la ejecución forzosa de la sentencia que obligaría a pagar a los bancos esos 7,5 millones, de "que se dedujese el tanto de culpa de los responsables de dicha actuación ante el Tribunal de Cuentas o su Fiscalía", para "dirimir responsabilidades contables del hecho enjuiciado".

Mientras, en el salón de plenos, el portavoz del PP, Eloy Suárez, defendía que "la ley está para cumplirla" y que PSOE, CHA e IU se la saltaron y alardearon de esa decisión. Mientras, se llevó un aluvión de críticas: José Manuel Alonso, de IU, le acusó de "favorecer a sus amigos y amiguetes" de la banca; Carmelo Asensio, del PP, le recriminó su "obsesión" por "causar problemas a este ayuntamiento" y obligarle a quitar 7,5 millones del presupuesto de este año; y el vicealcalde, Fernando Gimeno, le aclaró que "el varapalo (del juez) se lo ha llevado usted".