La junta de portavoces urgente convocada en el Ayuntamiento de Zaragoza sirvió para abrir definitivamente la caja de los truenos y señalar de forma explícita al PP municipal y a su portavoz, Eloy Suárez, como supuesto responsable de la filtración del informe provisional de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la fiscalización del presupuesto del 2011 y el desfase de más de 355 millones de euros que este denunciaba. Mientras los conservadores insistieron en no tener el documento, mientras CHA denunció que los conservadores ya lo tenían la semana pasada.

Pero si algo quedó claro es que ahora solo van a poder hablar del camino que ha seguido ese documento hasta hacerse público, ya que los técnicos municipales no aclararán nada hasta que estén finalizadas las alegaciones. Y para ello habrá que esperar a que pasen las elecciones europeas y finalice el plazo de un mes. O más, porque el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Gimeno, anunció que se ha solicitado ampliarlo. Y, por otra parte, que se exigirán en el consistorio y en las Cortes las pertinentes responsabilidades por el "daño" que se ha hecho a la institución.

"El daño que se hace es muy fuerte. Si alguien dice que hay un agujero que no existe, en la calle se puede pensar que nos hemos quedado dinero", explicó Gimeno. A su juicio, quebrantar la confidencialidad "puede suponer responsabilidades disciplinarias e incluso penales" para los miembros de la Cámara de Cuentas y es lo que pedirán.

DEBATE Mientras, se debatirán esas formas en una comisión extraordinaria convocada para el próximo miércoles. Con un documento que ya pudieron obtener todos los grupos municipales "con la condición de firmar un recibí comprometiéndose a la confidencialidad" que exige la ley. Salvo el PP, cuyo portavoz adjunto, Pedro Navarro, insistía en que se le nega. CHA e IU aseguraron que era falso.

Los nacionalistas Juan Martín y Carmelo Asensio tildaron esta situación de "kafkiana" por el hecho de que se esté dando a conocer un documento que no les dejan tener a los grupos si no prometen una confidencialidad que, al parecer, alguien no ha respetado, una "indefensión absoluta". Por eso pedirán en las Cortes que se investigue esta filtración y se va a "dejar el alma" en saber "quien miente". Y acusaron a los conservadores de usar "de manera torticera" los datos según les conviene, ya que hace poco "daba visos de legalidad" al informe que decía que las cuentas están saneadas y pedía que a nueve ediles no se les retire la dedicación exclusiva.

José Manuel Alonso, de IU, insistió en la necesidad de debatir las responsabilidades políticas que se deriven de esta "tempestad de ruido y furia" en la que el PP ha convertido este informe provisional. En el Gobierno, incluyendo a los exconcejales del PAR (Manuel Blasco y Elena Allué), o en la Cámara de Cuentas "porque se ha puesto en claro riesgo a esta institución".