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Los límites en internet

El PP pone proa en el Congreso contra el anonimato en las redes

Los partidos, preocupados por las amenazas y por la libertad de expresión

 

Rodrigo Lanza, en enero del 2015. El caso del joven okupa, acusado de matar a un hombre en Zaragoza, ha llenado la red de mensajes violentos. - FERRAN NADEU

IOLANDA MÁRMOL
31/12/2017

Puede ser el enésimo brindis al sol de la política o el primer paso para poner una barrera más eficaz a los delitos de odio en las redes sociales. El PP quiere consensuar con el resto del Congreso una modificación legislativa que permita poner coto al anonimato en plataformas como Twitter con el objetivo de facilitar a la Policía la identificación de los responsables de tuits violentos. Las negociaciones pueden acabar siendo papel mojado o un punto de inflexión.

Todo está por escribir en un contexto de shock en el que las fuerzas políticas no tienen muy claro cómo responder en la vía normativa a amenazas que han alcanzado el escándalo en las últimas semanas tras los mensajes por la muerte del exfiscal general deñ Estado José Manuel Maza y los ataques a periodistas o a dirigentes parlamentarios. La porosidad de la frontera entre el respeto al derecho fundamental de la libertad de expresión y el convencimiento de que se deben explorar mecanismos más eficaces en la lucha contra estos delitos vuelven a la palestra.

Por el momento, el PP ha presentado una iniciativa que, de llevarse a término, cambiaría por completo la gestión de las cuentas en redes sociales. Los conservadores quieren poner fin al anonimato. Su propuesta insta al Gobierno a aprobar los cambios legales oportunos para que los usuarios de las plataformas estén obligados a registrarse con su «identidad administrativa real». El ejemplo que pone el PP es de los teléfonos móviles. Cuando empezó a implantarse este servicio, se podía acceder a un número sin aportar la identidad. Ahora, en cambio, hay que presentar el DNI para poder acceder a una línea.

Según el portavoz parlamentario de los conservadores, Rafael Hernando, se trataría de un «registro» que prevendría la comisión de delitos, pero los usuarios podrían seguir utilizando seudónimos. «Debemos abordar no solo los ataques a personas de dimensión pública, sino a gente joven por el bulling, que empieza a salir de los colegios y a asediar desde las redes», explica la diputada Alicia Sánchez-Camacho, objeto de un virulento ataque en Twitter por el que interpuso una denuncia.

El debate levanta ampollas. La misma sociedad que se revolvió incómoda contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la tuitera Cassandra Vera a un año de prisión por al considerar «humillación a las víctimas del terrorismo» sus chistes sobre Carrero Blanco encuentra intolerables amenazas de violación y muerte como las sufridas por periodistas como Ana Pastor o por dirigentes políticos como la propia Sánchez-Camacho.

¿Dónde está la frontera entre la rigidez de la ley mordaza y la persecución efectiva del auge de episodios de odio en las redes sociales? Los partidos no se ponen de acuerdo. El PSOE rechaza el acoso con rotundidad, pero insiste en que las medidas deben equilibrarse con el derecho fundamental de libertad de expresión.

Ciudadanos pone el foco en el «equilibro entre la libertad de expresión y los delitos de incitación al odio». «Hay que entender las dificultades que entraña controlar la identidad de las personas que participan en las redes sociales», señalan fuentes del partido de Albert Rivera.

El PNV considera positivo abrir una reflexión «desde el ámbito europeo» para ejercer una mayor influencia sobre las compañías propietarias de las redes, que son, en todo caso, las que gestionan la política de privacidad de sus usuarios.