La diferencia de precio entre la vivienda libre y la de protección oficial (VPO) se ha reducido a marchas forzadas en la comunidad desde el comienzo de la crisis. Si en el 2007 la distancia media era de casi 1.000 euros por metro cuadrado, al cierre del 2013 se estrechó hasta menos de 60, según los datos del Ministerio de Fomento. La comparativa aún es más drástica en otras comunidades como Castilla La Mancha, donde el valor de los pisos de protección oficial supera en más de 100 euros al de los de la vivienda libre. Los expertos alertan de este "sinsentido" y reclaman a la administración que tome cartas en el asunto. Así, entre otras medidas, los agentes del sector piden que se abarate el módulo de la VPO, que se suavicen las restricciones de acceso y venta o que se reduzcan los costes de producción derivados de las exigencias normativas.

Lo que parece evidente es que las viviendas de protección oficial han perdido gran parte de su atractivo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. "Una VPO en Arcosur o Parque Venecia con garage y trastero ronda los 165.000 euros, mientras que una libre en Miralbueno cuesta casi lo mismo", señala el director del Grupo de Análisis del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, Luis Alberto Fabra. "En su día eran un chollo, pero ahora han pasado a ser una penitencia en muchos casos", añade. Más aún en un escenario en el que han desaparecido las ayudas a la compra de VPO y en el que se han mantenido tanto los precios como las restricciones para los propietarios (límites de tiempo para poder vender en el mercado libre o techos de ingresos). Un cóctel explosivo que ha hecho tambalear proyectos como Arcosur.

Ante esta situación, desde el Ejecutivo autonómico se indica que se está trabajando para "adaptar" el precio del módulo a la realidad del mercado inmobiliario. Un compromiso que, por otra parte, ya adquirió en marzo del 2012 tras una petición de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA). Hace unas semanas fue el grupo parlamentario de CHA el que presentó en este sentido una proposición no de ley que fue aprobada por en las Cortes de Aragón por unanimidad.

A pesar del retraso acumulado, la directora general de Vivienda y Rehabilitación del Ejecutivo autonómico, María Belén Corcoy, insistió en que se está trabajando para "modificar a la baja" el precio de la VPO. "El desajuste es evidente y esperamos solucionarlo en poco tiempo para que la vivienda de protección oficial vuelva a ser atractiva para los ciudadanos", según aseguró Corcoy a este diario. Con todo, indicó que primero habrá que aunar los intereses "de todos los sectores implicados", para lo que se ha creado una comisión de trabajo. "Debemos intentar que la decisión no perjudique a ninguna de las partes", abundó.

IMPULSAR EL ALQUILER Por otra parte, señaló que la política de la DGA en materia de vivienda pasa ahora por fomentar el alquiler y la rehabilitación. "Seguir construyendo VPO no tiene sentido", zanjó Corcoy, que apuntó que la DGA también va a trabajar para suavizar los requisitos que se exigen para acceder a la compra de una VPO.

Sea como sea, Fabra subraya que cualquier modificación en esta línea "llega cinco años tarde", aunque insiste en que hay que "desregularizar" las viviendas de protección oficial. "Ya que está sobrevalorada, al menos deberían quitar las restricciones y dejar que, por ejemplo, el dueño de una VPO la pueda vender en el mercado libre cuando quiera", explica.

En este sentido, el presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón, José Luis Roca, se muestra partidario de "liberalizar" el mercado y que la administración fije "solo un precio máximo de venta y la superficie". "Los requisitos en cuanto a renta o tener otra vivienda deberían desaparecer", comenta Roca.

No obstante, Roca incide en un asunto "fundamental" en su opinión: la reducción de los costes de producción derivados de la legislación. Algo que, asegura, ya se está analizando en la Comisión Europa. "Desde el año 2000 la administración no ha parado de incrementar las exigencias en materia de normativas de calidad, instalaciones térmicas o reglamentos de telecomunicaciones; unas obligaciones que han elevado mucho nuestros costes", lamenta Roca, que apunta que, si se soluciona ese problema, "sí podríamos hablar de una reducción del precio final".

La diferencia entre el coste de una VPO y una libre varía por provincias. Así, Teruel ha arrojado en algún trimestre las comparativas más drásticas y, de hecho, el precio del metro cuadrado de protección oficial ha llegado a superar al de los pisos libres con más de dos años de antigüedad.