Si hay un dirigente europeo que ha explicado con meridiana claridad los motivos por los que no puede haber mediación de la Unión Europea (UE) en el conflicto catalán ese ha sido el francés Emmanuel Macron. Lisa y llanamente, remarcaba horas antes de la declaración de Carles Puigdemont en el Parlamento catalán, que «Europa está hecha por Estados soberanos» y que, si Francia, Alemania o cualquier otro país intervinieran, sería inmiscuirse en los asuntos domésticos, «algo intolerable», advertía.

«Ese no es el papel de Europa, es España la que tiene que hacerlo», zanjaba durante un debate en la Universidad Goethe de Fráncfort. Su postura no es aislada. La Comisión Europea (CE) ha dicho por activa y por pasiva que el de Cataluña es un «asunto interno» y que no piensa jugar ningún papel de mediación pese a los reiterados llamamientos e intentos del Gobierno catalán. Solo lo haría en el caso de que España lo pidiera, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado claro que no tiene ninguna intención. «¿Qué hay que mediar aquí? Este es un problema interno de España», repiten fuentes diplomáticas europeas.

Pese a la tensa situación, ningún gobernante en la UE ni dirigente europeo se ha mostrado dispuesto a meterse en la cocina constitucional española. Para empezar porque supondría debilitar la posición política del Estado miembro. En segundo, porque abriría la puerta a que otras regiones en Europa siguieran en el futuro la misma vía pidiendo la implicación de Bruselas, una caja de pandora que ante el complejo panorama regional europeo nadie está dispuesto a abrir. Y, por último, porque daría alas a Puigdemont y le reconocería como un intelorcutor político al mismo nivel que el de otros jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

La Comisión, y más concretamente su presidente Jean-Claude Juncker, ya han mediado en el pasado. Hace unos meses entre España y Portugal para poner paz en la dispusta abierta por el cementerio de residuos nucleares de Almaraz. Pero hacerlo entre un Estado miembro y una región sigue siendo tabú para un club de estados donde los distintos niveles de negociación nunca se entremezclan. «No encontrarán a nadie, a ningún jefe de Estado o representante institucional de la UE, que entre en el conflicto y acepte mediar», sostienen fuentes europeas. Los gobiernos negocian entre ellos en el Consejo de Ministros de la UE, donde se sientan solo los representantes de los 28 estados miembros. Los eurodiputados legislan a su nivel desde la Eurocámara mientras que los representantes de las autoridades locales y regionales tienen su propio órgano consultivo -el Comité de las Regiones- en el que expresar sus opiniones que nunca son vinculantes.

EL PAPEL DE TUSK / Este foro precisamente fue el escenario escogido por el presidente de la UE, Donald Tusk, para romper ayer su silencio sobre Cataluña. Nunca hasta ahora el máximo responsable del Consejo Europeo, el cargo institucional de mayor rango en la esfera europea, se había pronunciado y menos todavía dirigiéndose directamente a Puigdemont y reconociéndole como interlocutor político. «Le pido que respete el orden constitucional y que no anuncie una decisión que haría el diálogo imposible», le reclamó tan solo dos horas antes del debate sobre la declaración de independencia.

Un mensaje contundente pero, sobre todo, un gesto inédito que muestra la gravedad del momento y la preocupación que sienten los dirigentes europeos porque la crisis catalana pueda terminar contaminando el clima político en el continente. Una señal clara de que, aunque no hay mediación, sí hay intervención y, sobre todo, mucha presión política para evitar que el conflicto se enquiste y termine abriendo una nueva brecha (tras la del brexit) en el barco europeo.

El punto de inflexión fue el 1-O. Las imágenes de las cargas policiales que conmovieron a media Europa sacaron al polaco de su silencio. Cogió el teléfono y llamó a Rajoy. «Le pedí que buscara una solución al problema sin recurrir a la fuerza porque la fuerza de los argumentos siempre es mejor que el argumento de la fuerza», relató. Ayer Tusk optó por mantener de nuevo silencio aunque sus contactos para preparar la cumbre de líderes de la UE de los días 19 y 20, la primera tras el 1-O, continúan. Será la primera vez que Rajoy se verá las caras con el resto de colegas desde el referéndum unilateral.

«Hablando francamente espero que el Gobierno no caiga en la trampa y aplique el artículo 155 [de la Constitución] porque es echar gasolina al fuego», advertía ayer la jefa de filas de la Izquierda Europea, Gabby Zimmer. «Sin diálogo no encontraremos la salida. No hay otra vía. La Comisión Europea tiene que cambiar su estrategia. No corresponde a la UE intervenir y pedir que cambien la Constitución, pero su papel es ser leal con los ciudadanos», añadía.

La CE mantiene firme su dirección y cierra filas con el líder del PP. «Confiamos en que las instituciones españolas, el presidente Mariano Rajoy -con quien Juncker está en contacto- y todas las fuerzas políticas trabajen para encontrar una solución dentro del marco constitucional español», explicaba su vicepresidente, Valdis Dombrovskis, en reacción a la declaración de Puigdemont tras el segundo debate «breve» celebrado por el colegio de comisarios sobre Cataluña.

Aunque «diálogo» ha sido la palabra mágica estos últimos días en Bruselas, el Ejecutivo comunitario ha optado por evitar mencionarla y poner el acento en lo que defiende el Gobierno español, la Constitución: «Apoyamos los esfuerzos para superar la división y la fragmentación y para garantizar la unidad y el respeto de la Constitución española».