Al tener carácter individual, las ayudas al alquiler inciden de forma directa en la calidad de vida de los ciudadano. El departamento de Vertebración del Territorio espera que a finales de octubre se conozca la resolución de la convocatoria. Por este motivo, según la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, se espera que el primer pago, el que sirva para hacer frente a las facturas generadas de enero a junio, se pueda realizar «en el último trimestre de este año».

Al cierre de la convocatoria se habían registrado un total de 9.138 solicitudes, casi un 20% más que en la cita anterior en la que se recibieron 7.652 expedientes. Uno de los aumentos más significativos se refiere a la población entre 20 y 29 años. Para el Gobierno de Aragón, este es un ejemplo de que se trata de unas ayudas «que sirven también para la emancipación». Respecto al número de miembros de cada unidad de convivencia, el departamento observa un aumento «muy importante de solicitantes» que viven solos en su vivienda. Frente a los datos del 2016, crece de manera destacable las familias de uno, dos o tres miembros que solicitan esta ayuda.

El mayor número de peticiones se ha producido en la provincia de Zaragoza, con 6.883 expedientes iniciados. En Huesca ha sido 1.414 y en la provincia de Teruel se cuentan 841. El porcentaje de solicitudes no ha variado significativamente desde el anterior llamamiento.

Una de las razones del crecimiento en las cifras está en las facilidades establecidas para cumplimentar la documentación, más automatizada y con puntos de información directa en las principales localidades de la comunidad.

Entre los requisitos planteados por la DGA para acceder a estos fondos están los de que el alquiler no supere los 600 euros mensuales, incluidos garaje y trastero pero no los gastos de comunidad, y los beneficiarios deberán estar al corriente de pago.

Del mismo modo, los ingresos de la unidad familiar solicitante tienen que ser superiores al 0,5% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) -en torno a 3.700 euros anuales- e inferiores a tres veces el IPREM -alrededor de 22.000 euros-, todo ello incluyendo cualquier tipo de prestación y excluyendo de los requisitos a las mujeres víctimas de violencia machista.

El departamento busca «normalizar las ayudas» para que personas que se encuentran en una situación de riesgo pero no de exclusión «no caigan en el extremo del desahucio». Como novedad, este año, se ha creado una lista de reserva para poder otorgar las posibles cuantías liberadas por falta de aceptación, renuncia o cualquier otra circunstancia.