La Ley de Autoridad del Profesor, cuyo borrador pretende presentar el Gobierno de Aragón antes de final de año, no cuenta con el respaldo unánime de los propios docentes. De hecho, solo uno de los cinco sindicatos que conforman actualmente la mesa sectorial de la escuela pública, se muestra abiertamente a favor del decreto. El resto o lo rechaza o considera que tiene contraindicaciones que pueden resultar peligrosas para los propios docentes.
La ley, por la que el profesorado pasará a contar con la consideración de autoridad pública y, por consiguiente, gozará de presunción de veracidad en caso de conflicto que afecte a la convivencia escolar, sí convence a CSIF. "Estamos a favor porque, entre otras cosas, de cara a la opinión pública, viene a reforzar la figura del docente, a la que se dota de presunción de veracidad", incidó José Ramón Serra, que aseguró que el decreto "sí cuenta con el apoyo del profesorado" aunque reconoció que "puede que no sea de forma unánime",
RECHAZO Y DUDAS A partir de ahí, las dudas o el rechazo frontal. Esta última postura es la que adoptan CGT y STEA, que ya han dejado claro en reiteradas ocasiones que están en contra de la futura ley. "La autoridad se gana en el aula y no la vemos necesaria", expuso Manuel Zamarreño, de STEA, que apeló a la existencia del Acuerdo de Convivencia, firmado en 2008 y que contó con el respaldo unánime de todos los sindicatos y resto de comunidad educativa. "Eso sigue vigente y la Carta de Derechos y Deberes, aplicada al final del curso pasado, se incluye en ese acuerdo marco. Si no le gusta al actual Ejecutivo, que lo denuncie, pero nosotros no podemos apoyar esa ley que no sabemos cómo será cuando está vigente otro texto que en el que trabajó mucha gente".
En este sentido también se expresó Enrique García, de CGT, que reconoció ser "muy crítico" con la consideración de autoridad pública al profesorado. "Se va a judicializar la docencia y eso no va a resolver los conflictos que se producen en las aulas ni mejorará la convivencia", subrayó. Además, García abogó por otras soluciones como "educadores sociales" en lugar de "crear un estatus similar al de la Policía Local porque eso no gana el respeto de los alumnos".
Tampoco CCOO y UGT lo tienen del todo claro. Su postura descarta la oposición frontal a la ley, pero supeditan su decisión final a la redacción definitiva del texto y, sobre todo, a la adopción de otra serie de medidas. "Una ley sin aplicar otras medidas de consolidación real de la autoridad del profesorado no es adecuada y tampoco va a resolver problemas por sí sola", advirtió José Manuel Larrodera, de CCOO, que, además, consideró que el decreto incluiría una serie de "contraindicaciones" para los docentes. "Puede ser un arma de doble filo porque, la consideración de autoridad le protege y aumenta la sanción para el agresor, pero también en el caso de que sea el docente el condenado".
En todo caso, tanto CCOO como UGT recelan de la supuesta protección que la ley promete al maestro después de la polémica que ha sacudido estos días Madrid, una comunidad en la que ya se aplica esa ley que ahora prepara Aragón. "En vez de reforzar esa autoridad se ha recortado en sitios como Madrid, donde esa supuesta campaña de prestigio se ha convertido en desprestigio afirmando que no trabajamos lo suficiente", expuso Gloria Pardillos, de UGT que, en todo caso, admitió que su sindicato espera "receptivo" ante la redacción del texto "aunque habrá que ver en qué contexto se formula" y aclaró que "el respaldo no se da por promulgar una ley si no se resuelven, además, otros problemas que afectan a la convivencia, como la masificación de los centros".
En lo que coinciden todas las organizaciones sindicales es en exigir el mantenimiento del Acuerdo de Convivencia. "No tiene por qué afectar a todo lo acordado entonces o, al menos, no debería porque estamos hablando de algo que fue consensuado por todos", expuso Larrodera, una opinión compartida por Pardillos. "Esa ley de autoridad puede complementarla pero nunca suprimirla porque son perfectamente compatibles", sentenció.
