El principal problema de la democracia española, aunque no el único, son los partidos políticos, o al menos los mayoritarios. Si alguien lo dudaba, le bastará con escuchar la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate monográfico sobre corrupción celebrado ayer en el Congreso. Su comparecencia, aderezada con los lugares comunes sobre transparencia, control y ejemplaridad del entramado institucional, se basó en la necesidad de abordar reformas específicas y contundentes con los partidos. Abogó el lider popular por buscar un acuerdo que garantía el buen funcionamiento de las formaciones políticas con posibilidades de participación real de los militantes, su correcta y transparente financiación, su fiscalización efectiva por organismos mejor dotados, el endurecimiento de la legislación tipificando el delito de financiación ilegal o con la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos y la expulsión de la carrera política de los enjuiciados en procesos que supongan inhabilitación.

Si estas medidas las hubiera anunciado un Pablo Iglesias cualquiera, la gente aplaudiría con las orejas. Solo que formuladas por el dirigente del PP parecen irrealizables, casi increíbles. Rajoy está deslegitimado para liderar la regeneración de la vida pública española. Legal e institucionalmente tiene la sartén por el mango para hacerlo, pero el incendio provocado en el país en gran medida por los escándalos del PP es de semejantes proporciones que ni el mejor cocinero podría salir airoso o al menos indemne del fuego. Defender un cambio tan radical, y en el fondo tan preciso y tan urgente, supone el reconocimiento implícito de la podredumbre actual, tantas veces negada. Y eso es tanto como decir que Rajoy está además quemado para liderar ese proceso de reformas políticas que devuelva a los ciudadanos la confianza en el sistema.

Su propósito de enmienda llega tarde. Ni el sacrificio de Ana Mato por su responsabilidad civil en la trama Gürtel permitió al presidente salvar ayer los muebles y proyectar un mínimo de credibilidad. Más al contrario, el auto del juez Ruz no solo señala a la ministra, en su condición de consorte de un alcalde popular presuntamente corrupto, sino que impone una responsabilidad al PP como organización política que se lucró en similares términos que la dimisionaria. El runrún de las elecciones anticipadas seguirá sonando durante los próximos meses, pero lo que necesita España es que el partido que la gobierna comience la regeneración por sí mismo. Rajoy y su junta directiva más cercana tienen que dar cuanto antes un paso atrás y permitir que otros cojan las riendas. De lo contrario, será imposible que el centroderecha sea el eje sobre el que pivote la ansiada regeneración.