El PSOE del municipio zaragozano de Los Fayos está estudiando la posibilidad de interponer una demanda contra el PP después de que varios de sus miembros «vertieran acusaciones falsas» durante un mitin realizado.

Según explicaron desde la formación socialista, la alcaldesa de la localidad, Rocío Berrozpe, candidata a la reelección, va a poner a disposición de los servicios jurídicos las «acusaciones» vertidas por parte de los miembros de la candidatura del Partido Popular en Los Fayos, «José Alonso Coloma, Eric Gil Vela, Miguel Ángel García Juste y Jorge Galindo Hernández», además de varias personas del público que asistieron al mitin electoral en clave municipal que los populares celebraron el pasado domingo.

Según la formación, los conservadores afirmaron ante sus simpatizantes que la actual regidora «paralizaba» y «guardaba en un cajón» la documentación necesaria y obligatoria para iniciar los trámites necesarios para aprobar el plan parcial de una urbanización como compensación por las obras del Embalse del Val.

En este sentido, aseguraron que los documentos formalizados como parte de los tramites urbanísticos de esta urbanización «están en diferentes organismos del Gobierno de Aragón, para su aprobación y autorización».

Ante ello, niegan que las afirmaciones de los populares sean ciertas, pues defienden que por parte de la actual corporación se ha hecho todo lo posible para dar curso a este expediente.

GRAN PRESENCIA

Los socialistas explicaron que en el cuestionado mitin intervinieron el candidato del PP de Tarazona, el presidente de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, Alberto Val Ducar, y otros alcaldes y concejales de localidades vecinas.

El actual teniente de alcalde y candidato a la alcaldía de Tarazona, Luis José Arrechea Silvestre, aseguró -siempre según la formación socialista- que la actual alcaldesa y su equipo de gobierno «crispaban y dividían al pueblo de Los Fayos» con su actuación al frente del consistorio.

Estas palabras fueron condenadas por la actual candidatura del PSOE y el grupo municipal socialista, ya que «nunca se ha buscado división ni crispar a la ciudadanía».

Desde el PSOE reiteraron que se produce, precisamente, todo lo contrario. «Ante los continuados ataques y protestas, desde el minuto uno, siempre se ha intentado la solución para asegurar la convivencia», afirmaron.

A priori, el delito por el que los socialistas podrían denunciar a los populares sería el de calumnias, es decir, atribuir a alguien un delito. Porque la paralización voluntaria y sin causa justificada de un expediente sería encuadrable a su vez en el delito de prevaricación, adoptar una resolución injusta a sabiendas de que lo es.

En cualquier caso sería muy difícil que llegase a prosperar hasta llegar a juicio una denuncia por este tipo penal, porque las dilaciones en los procesos administrativos están a la orden del día y es complicado que se pueda probar que están hechas a propósito. Y la especial protección de la libertad de expresión de la que gozan los políticos en ejercicio de sus cargos hace igualmente improbable que diese algún fruto una denuncia por una arenga en un mitin. Basta recordar que acusaciones mucho más graves en el Congreso, como la de liderar los GAL, quedaron impunes.