La regla de contención del gasto y la ley de estabilidad presupuestaria son poco sutiles y están afectando tanto a los ayuntamientos con déficit como a los que tienen las cuentas saneadas, tanto a los pueblos que ahorran como a los que están muy endeudados. Por ello, muchos municipios aragoneses ven con buenos ojos que ahora el Gobierno central anuncie una suavización de la normativa que les impide invertir en la medida de sus posibilidades.

«La lista de inversiones financieramente sostenibles, las únicas que podemos realizar, es tan corta que prácticamente no podemos hacer nada, de ahí que nos dediquemos a amortizar deuda», denuncia Marta Gracia, alcaldesa de La Almunia de Doña Godina. De hecho, esta localidad arrojó en el 2017 un superávit de 1,2 millones, lo que le ha permitido abonar toda la deuda pendiente, por un importe similar.

Gracia, que explica que el ahorro se ha conseguido sin recortar en inversiones ni en actividades culturales, aboga por «aumentar el catálogo de lo que sí se puede hacer» y por permitir la contratación de personal, una limitación que condiciona mucho a las corporaciones locales.

El Burgo de Ebro es un municipio industrial que se siente «muy coartado» por la legislación vigente, máxime si se tiene en cuenta que su superávit actual, de cuatro millones, es más elevado que su presupuesto anual, cifrado en tres millones. Ello es posible, señala Miguel Ángel Girón, su alcalde, gracias a la tasa especial que grava el uso de suelo municipal para el transporte de gas y electricidad en función del consumo. Sin embargo, pese a estos ingresos, tiene que trocear en varios ejercicios la construcción de sus infraestructuras, como el pabellón multiusos, que podría hacer «de una sola vez».

Fuendejalón está en el extremo opuesto. Es un pueblo agrícola con 276.000 euros de deuda en el ejercicio del 2016 y que, según indica Luis Antonio Gracia, su alcalde, solo puede invertir «gracias a las subvenciones de otras instituciones, en particular la diputación provincial».

Chiprana se enorgullece de que «nunca ha tenido deuda», según su máximo responsable, Javier Nicolás. Pero la estrecha normativa de gasto le impide disponer libremente de unos ingresos que crecen en la misma medida que su población, con lo cual se siente igualmente «perjudicada».

Otras localidades, como Calatayud y Sariñena, están aprovechando la política de austeridad para reducir sus deudas. Así, la primera la ha rebajado de 12 a tres millones de euros en siete años, según su primer edil, José Manuel Aranda.

En la capital monegrina, la apertura y ampliación de granjas y naves industriales ha producido un aumento de la recaudación que le ha permitido que, por primera vez en muchos años, sus cuentas hayan registrado superávit, además de reducir la deuda a la mitad.