El presidente catalán, Carles Puigdemont, propuso ayer lunes, al día siguiente de la celebración de una consulta popular considerada «vinculante» por la Generalitat, una mediación internacional apadrinada por la Unión Europea (UE) para iniciar un diálogo con el Estado. «El momento aconseja mediación -afirmó el dirigente en rueda de prensa tras celebrar una reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán-, y la mediación ha de ser internacional para que sea eficaz». Puigdemont no concretó los términos y condiciones de la mediación, pero reclamó a la UE que ejerza una función de apadrinamiento.

El president afirmó que «debe haber un compromiso de restablecimiento de la normalidad institucional» porque «no puede ser que bloqueen centros de investigación, que bloqueen cuentas y que haya violencia policial». En este sentido, el jefe del Gobierno catalán reclamó en nombre de su Ejecutivo que «se marchen de Cataluña» los policías y guardias civiles desplazados para la operación contra el referéndum desplegada el domingo. «Se ha de construir un clima de distensión; y si todo ello desemboca en negociaciones, ya veremos», agregó.

COMICIOS CONSTITUYENTES

Respecto de la intención del Govern de trasladar al Parlamento catalán los resultados del plebiscito unilateral del domingo para que se proclame la independencia en base a la ley del referéndum, Puigdemont no quiso entrar en detalles sobre cómo la Cámara ha de proclamar la secesión, pero dijo que no prevé una convocatoria electoral vinculada a esta proclamación, porque las únicas elecciones a la vista, afirmó, son las constituyentes previstas dentro de seis meses.

Y sobre si estaría dispuesto a posponer la declaración de independencia en caso de respuesta afirmativa del Estado a la mediación, el president apuntó que eso son meras «especulaciones», porque es poco optimista respecto de que el Estado acepte tal propuesta. «Podríamos especular en escenarios si al otro lado hubiera correspondencia efectiva a lo que acabo de decir». «Muy optimistas no podemos ser», añadió. También explicó que el Gobierno catalán acordó la creación de una comisión especial de investigación sobre la violencia policial del domingo, para recoger «toda la información, desde las denuncias de ciudadanos hasta el material informativo que acredita estas violaciones».

Puigdemont subrayó, en todo momento, que el referéndum es plenamente «válido» en cuanto a sus resultados. «Que en esas condiciones, con tanta amenaza, estrategia del miedo, comandos del miedo para intentar intimidar a poblaciones de menos de 300 habitantes, colegios con gente pacíficamente concentrada, si pese a todo ello estamos ante una participación idéntica a la que se produjo cuando se votó y aprobó la Constitución Europea. Me parece que no solo no invalida el resultado, sino que lo refuerza extraordinariamente. Sí, es un resultado vinculante y sobre el mismo tenemos el deber de tomar decisiones políticas».

Sobre la posición de la Comisión Europea de que el conflicto soberanista se trata de un asunto interno, Puigdemont afirmó: «Espero que Bruselas considere que los catalanes somos ciudadanos al mismo nivel que ciudadanos de Hungría o Polonia, a los que defiende cuando se pisan libertades».

LA CUP / Por su parte, la diputada de la CUP en el Parlamento catalán Anna Gabriel afirmó ayer que la realización de hoy del paro general en protesta por la actuación policial del 1-O podría provocar que se alargue el plazo de la declaración de independencia en la Cámara catalana. Gabriel afirmó que la huelga puede obligar a un «ajuste» en el calendario de los próximos días porque «es obvio que, con lo que pasó ayer [por el domingo] y a las puertas de una huelga general, los plazos se deben ajustar. Cuanto antes se hagan efectivos los resultados, mejor, pero también estamos atentos a las movilizaciones populares», dijo Gabriel.