La gestión de Caja Inmaculada entre los año 2001 y 2009 está en entredicho. La querella presentada por la entidad contra su exdirector general, Tomás García Montes, el abogado y empresario Tomás Marrero y el exdirectivo Javier Alfaro por delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal podría derivar en nuevas actuaciones judiciales a tenor del anuncio del sindicato CIC de presentar una nueva querella por irregularidades durante ese periodo, principalmente en asuntos ligados con el negocio inmobiliario. De momento, la juez no ha movido ficha ni ha llamado a declarar a antiguos exdirectivos, según solicitaron los abogados de los imputados.
