El nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero deberá afrontar desde el mismo día de su constitución otros retos, además del terrorismo, la política exterior y la profundización del Estado autonómico. Estas son las opiniones del futuro presidente sobre algunos de ellos.

--"Nosotros no apoyamos el Plan Hidrológico Nacional. Lo vamos a revisar. Estamos haciendo una evaluación obra a obra: de las que han salido a concurso, de las licitadas, de los compromisos de respaldo financiero de la Unión Europea. Uno, para respetar nuestra filosofía sobre el PHN. Dos, para garantizar con una actuación urgente que las zonas necesitadas de agua vayan a tenerla. Y tres, para que lo que es nuestra oposición a ese gran trasvase del Ebro se plasme en la realidad pero con un gran diálogo interterritorial con las comunidades autónomas. No voy a revisar el PHN por decreto. Voy a revisarlo con diálogo de todas las autonomías: Aragón, Cataluña, pero también Valencia, Murcia, Andalucía, por citar las más significativas. No tomaré una decisión hasta no haber escuchado a todas, dialogado a fondo y planteado todas las alternativas. Es muy claro nuestro principio, como Gobierno, de no respaldar lo que ha sido el Plan Hidrológico Nacional.

--"Habrá un cambio a fondo. Tengo un compromiso electoral que voy a cumplir de manera inmediata, que es la constitución de un consejo de reforma de los medios públicos, formado por personas del máximo prestigio y que elaborará en un tiempo máximo de nueve meses un informe con principios, recomendaciones y normas que serán trasladados a los proyectos legislativos y cambios normativos que sean necesarios. Es evidente que el objetivo es tener unos medios de comunicación al servicio de la sociedad, de la pluralidad, de los contenidos culturales, de valores pedagógicos, especialmente para la infancia y para que la ciudadanía, por primera vez en España, respire independencia, veracidad y pluralidad, con debates públicos permanentes en los medios de comunicación. Se va a acabar la televisión de partido".

--"En esto hay dos principios especiales y una consideración general. Uno, todas las leyes vigentes tienen que cumplirse por encima de cualquier otra consideración. El Gobierno las hará cumplir. Dos, tenemos un compromiso electoral que es la reforma limitada de lo que han supuesto dos leyes educativas ley orgánica de universidades y ley orgánica de calidad de la educación. Queremos hacerlo con diálogo con las comunidades autónomas, para que luego no haya problemas interpretativos a la hora de la aplicación, y hay que dialogar también con los grupos políticos y la comunidad educativa.

Eso va a llevar un tiempo si somos fieles a nuestra voluntad de gobernar de otra manera. Por tanto, que nadie se precipite. Y, luego, una consideración: estamos hablando de temas muy sensibles para el buen orden de la marcha educativa y aplicaremos el principio de prudencia. No vamos a hacer una reforma precipitada, improvisada, ni impositiva. Las reformas serán meditadas, dialogadas y buscando el máximo consenso.

--¿No resulta imprudente poner en marcha una reforma educativa cuando existe un amplio consenso en que debe revisarse?

--Lo que es prudente es cambiar las cosas y meditarlas. No digo que no se vaya a hacer. Tenemos un tiempo como el que tenemos y vamos a hacer un esfuerzo para que el próximo curso haya los cambios imprescindibles. Pero atención, lo que quiero dejar muy claro es que por encima de todo está el cumplimiento de la ley, y dos, provocar el mínimo elemento de trastorno en el funcionamiento del sistema educativo. Y una valoración que me parece muy importante: los cambios que queremos hacer son cambios limitados, en lo prioritario. A medio plazo, nuestro sistema educativo necesita un planteamiento mucho más ambicioso, en lo que me parece mucho más importante: la extensión de la educación. Ahora hay que reformar los aspectos más negativos de la LOCE, que es esa visión segregadora que tiene, pero a medio plazo me parece más importante tener un sistema educativo bien dotado financieramente, con mucha más ambición en la extensión de la educación, y especialmente en el ámbito de las universidades. El mayor cambio en las prioridades de inversión del nuevo Gobierno va a ser en educación, investigación y nuevas tecnologías".

--"Soy un firme defensor del Pacto de Estabilidad en la Unión Eco- nómica y Monetaria. Soy un firme defensor de la estabilidad presupuestaria, pero no soy un fundamentalista. Y desde luego, quiero un orden económico transparente, que me parece fundamental en las cuentas públicas. Y eso es perfectamente compatible con los dos grandes objetivos que me propongo: el primero de ellos es que haya un Gobierno que apoye mucho más la economía productiva. Esa es la gran apuesta por la inversión en educación, nuevas tecnologías e I+D. Y, en segundo lugar, que haya un Gobierno comprometido con dos aspectos sociales que en estos momentos son determinantes para las expectativas de mucha gente: el acceso a la vivienda y el avance en la estabilidad laboral.

Si garantizamos esos dos elementos, haremos que toda una generación tenga muchas más posibilidades, aporte mucho más a la economía y sigamos teniendo un creciente Estado del bienestar gracias a las instituciones, mejorándolas poco a poco, mejorando los servicios sociales. Creo que ése es el camino, perfectamente compatible con el rigor presupuestario y con un Gobierno que va a ser muy austero en el gasto no productivo.

Una de las primeras medidas que tomaremos será una norma que regule la prohibición absoluta a cualquier instancia de la Administración del Estado de que haga campañas de propaganda. Las pensiones, a partir del 16 de abril, las cobrarán los pensionistas, pero no habrá ni una sola campaña de propaganda. Nunca haremos campañas de publicidad diciendo que el Gobierno es el que paga las pensiones o que las subimos más que el IPC, o que subimos más a unos que a otros, porque las pensiones son fruto de la cotización de los trabajadores, es fruto del esfuerzo de los ciudadanos".