Rafael Pozo, minero prejubilado de Andorra, impulsó la asociación Adevif. A sus 52 años, se encuentra con la nómina embargada. Son 800 euros retirados al mes --si los ingresara-- que no llegan ni para pagar los 15.000 euros de intereses de demora anuales que tiene fijados con un prestamista, por un crédito de 60.000 euros que asegura que no firmó. Para llegar a esta situación pasó por un calvario notarial con dos créditos suscritos y una denuncia archivada por dos veces.

Según relata, su caso comenzó en el 2006, cuando por un negocio fallido de karts se encontró en quiebra, y con una serie de créditos, algunos personales, entre ellos uno de 9.000 euros.

Al no poder afrontar las cuotas, intentó negociar una reunificación de créditos con dos entidades bancarias, pero al estar en la lista de morosos no lo aceptaron. Sin embargo, en una de ellas le sugirieron acudir al capital privado y logró un crédito de 15.000 euros, 9.000 para pagar la deuda --y salir de la lista de morosos-- y 6.000 para pagar trámites y adscribirse a la Unidad de Créditos Hipotecarios de un banco, con su casa de garantía.

Pero la firma de esta última transacción en la notaría se fue dilatando, --"no entendíamos por qué, siempre faltaban papeles"-- hasta que se aproximó la fecha del pago al prestamista, y este se negó a renegociar. Le derivaron a otro para suscribir un crédito de 30.000 euros con el que afrontar la nueva deuda, y añadió la casa de su madre como aval. Firmó unas condiciones leoninas --6.000 euros de intereses en un año--, pero le dieron 1.400 para volver a salir de la lista de morosos.

No le dieron las escrituras hasta que amenazó con denunciar, y descubrió que el contrato reflejaba el doble de la cantidad que él firmó. Pero el juez no ha visto pruebas del presunto engaño ante notario.