Mariano Rajoy lamentó las ausencias del lendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente catalán, Carles Puigdemont, a la conferencia de presidentes, un órgano que no se reunía desde el 2012. En el caso catalán (Euskadi tiene concierto económico propio), el jefe del Ejecutivo mostró su confianza en que la Generalitat se acabe sumando al debate. Aunque, subrayó, no debe esperar ningún trato especial. La bilateralidad, según la entiende el líder del PP, se circunscribe a una reunión cara a cara y poco más. «Yo, si quiere verme [Puigdemont], lo veré. Igual que si quiere hacerlo cualquier presidente de otra comunidad autónoma. Una cosa es que hablemos y otra es que haya unas decisiones para unos y otras decisiones para otros», avisó.

El acuerdo que alcanzaron ayer los dirigentes señala que, para poder cumplir con el deseo de tener listo el nuevo modelo antes de diciembre, en el plazo de un mes se debe crear una comisión de expertos que estará integrada por los que proponga el Estado y uno por cada comunidad.

Rajoy aseguró que la Generalitat «tiene abierta la puerta» para nombrar a un especialista cuando quiera. «Ahora, cuando las negociaciones estén en la mitad o al final. Estaría bien que [la Generalitat] estuviera presente […] Cuando quieran pueden hacerlo, a cambio de nada. No puedo hacer ningún reproche», comentó el presidente. Según fuentes de Hacienda, el Ejecutivo de Puigdemont deberá informar en el seno de un próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera el nombre de esa persona. Por ahora, la Generalitat y Baleares han dicho a través de la prensa que compartirán al catedrático de Economía Guillem López Casasnovas.

Rajoy hizo un llamamiento para que las comunidades hagan el «mayor esfuerzo» posible para lograr un nuevo marco de financiación que responda a los retos del envejecimiento, el despoblamiento y el aumento del gasto en sanidad, pensiones, dependencia y educación. El líder del PP subrayó que, encima, el modelo de financiación, que debería haberse cambiado en el 2014, debe diseñarse cuando el Estado recauda 20.000 millones de euros menos que en el 2007, cuando empezó la crisis.

El debate de los próximos meses será arduo. Para algunas comunidades, como Andalucía y Extremadura, cierta armonización fiscal entre territorios debe ser condición necesaria para llegar al nuevo sistema. Sus presidentes, los socialistas Susana Díaz y Guillermo Fernández Vara, alertaron de las diferencias entre autonomías en los impuestos de sucesiones y patrimonio. Fue uno de los asuntos que más división provocó en la conferencia, pero no por cuestiones de partido. La conservadora Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid, donde el impuesto de sucesiones está bonificado al 99% mientras en otros territorios se encuentra gravado, se manifestó en contra, al igual que la presidenta de Baleares, Francina Armengol, del PSOE.

«Tenemos que saber cuál es la media de los tramos autonómicos de los impuestos. En Andalucía debemos tenerlos altos para pagar los servicios sociales. Puede que otros no porque estén hiperfinanciados. Eso tiene que condicionar el nuevo sistema. Yo no quiero que haya paraísos fiscales en mi país», dijo Susana Díaz, sin citar a Madrid. «En Extremadura hay gente que para poder heredar una casa la tiene que vender para poder pagar el impuesto de sucesiones», dijo Fernández Vara.

Pero Rajoy optó por no implicarse demasiado en este espinoso asunto. «No se ha tomado ninguna decisión. Está todo abierto, se tiene que estudiar», explicó.

Tanto el Gobierno como las autonomías querían que esta fuese una cita decisoria, no meramente declarativa, y los acuerdos no solo se centraron en la financiación. Así, se decidió también sumar a las comunidades al pacto por la educación, mejorar los mecanismos de participación de estos territorios ante la Unión Europea (UE) y abordar la puesta en marcha de una tarjeta para los desempleados para que conozcan las prestaciones a las que tienen derecho.