Mariano Rajoy quiso lanzar un mensaje de firmeza al conocerse la disolución de ETA: la política antiterrorista se mantiene inalterable «haga lo que haga o diga lo que diga ETA». La banda no consiguió nada «cuando asesinaba» ni cuando «dejó de matar» y tampoco va a lograr ahora compensaciones con su nueva «propaganda». El presidente del Gobierno sabía perfectamente que le escuchaban con especial atención tres sectores que le importan mucho: las asociaciones de víctimas del terrorismo y Ciudadanos, que se oponen rotundamente a cualquier gesto con los miembros de la organización, y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que los reclama con premura.
El lendakari, Íñigo Urkullu, afirmó en una entrevista de El País que el jefe del Ejecutivo es «sensible» a cambiar la política penitenciaria y que el Gobierno central siempre puso «la disolución de ETA» como «condición» para hacerlo. Pese a estas declaraciones del dirigente del PNV (un partido al que Mariano Rajoy necesita en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado), el líder del PP avisó de que «nadie se debe llamar a engaño». «La única política de futuro en materia antiterrorista, como siempre, es aplicar la ley, que para eso está», dijo en un acto en Logroño.
SIN IMPUNIDAD
Rajoy aseguró que, aunque la organización deje de existir, «no va a encontrar» a cambio «ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes». En la Moncloa saben que su socios vascos van a seguir reivindicando la competencia de prisiones y les van a pedir trabajar conjuntamente en la reinserción de los presos y temen que Ciudadanos, aliado (a veces) en el Congreso y competidor en las urnas, pueda utilizar este asunto en su beneficio.
Albert Rivera avisó de que «ser terrorista de ETA no pueda tener ningún beneficio ante la justicia». Y el portavoz de los naranjas en el Congreso, Miguel Gutiérrez, dijo en un mensaje en Twitter que las palabras de Urkullu demuestran que ha hablado del tema con Rajoy y que el asunto ha estado sobre la mesa para negociar los Presupuestos por mucho que los populares lo hayan negado estos últimos días.
Ayer lo volvió a descartar el número tres del PP, Fernando Martínez-Maillo. «No existen conversaciones con el PNV en este asunto», subrayó antes de marcar distancias con su compañero en el Parlamento Vasco Borja Sémper, quien recientemente se mostró abierto a modificar la política penitenciaria cuando ETA «baje la persiana». Según Maillo, es una «opinión personal» y no una posición del partido.
«ACERCAR NO ES LIBERAR»
Por el contrario, los socialistas sí son partidarios de acabar con la dispersión, en un escenario de ausencia total de violencia y de disolución. Eso sí, se esforzaron por desligar los posibles cambios del momento actual. «El acercamiento no es liberar a ningún preso, es acercarlo», dijo el exlendakari Patxi López, ahora secretario de Política Federal del PSOE, informa Juan Ruiz Sierra. López cree, en cambio, que no es necesario modificar los requisitos actuales para facilitar el acceso a beneficios penitenciarios (la mayoría están en régimen de primer grado, que no permite permisos de salida), porque eso solo «depende de cada uno de los presos».
Las víctimas fueron evocadas por muchos dirigentes. En un acto en Bilbao, Urkullu les dedicó su «primer recuerdo» y apeló a lograr «una convivencia con memoria asentada en el compromiso ético, la dignidad humana y los derechos de todas las personas». También en esa línea, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, señaló que «la memoria y el recuerdo» de las víctimas deben ser los «instrumentos para trabajar por la convivencia, desterrar el odio y no volver atrás».
La Fundación Víctimas del Terrorismo exigió al Ejecutivo central que no abra ninguna vía de impunidad para los crímenes de la banda: «ETA no nos ha ahorrado ni un solo muerto. Mientras ha tenido capacidad para matar ha seguido haciéndolo de forma imperturbable. Por eso llega tarde su declaración».
