El aumento de las tutelas ha llevado a las Administraciones a crear distintos modelos para hacer frente al fenómeno. Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura han optado por las comisiones para gestionar las tutelas. Navarra eligió un sistema de fundación privada de iniciativa pública para administrar los bienes de los tutelados (opción que Aragón descartó). En Madrid existe una gran institución que se ocupa exclusivamente de los 5.000 tutelados de la comunidad.
