Los ayuntamientos de Huesca y Teruel, así como las sedes de la Policía Local de ambas capitales aragonesas, fueron registrados ayer por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de una operación de la Fiscalía Anticorrupción que abarca a unos 40 municipios de toda España. Una investigación por la que fue detenido, y liberado tras declarar, el todavía jefe de la Policía Local de Huesca, Alberto Edroso, según confirmaron fuentes policiales. Y fue cursada una orden para localizar al exintendente de Teruel, Santiago Hernández, que no se pudo constatar que llegase a ser hallado.
La operación, bautizada como Enredadera, deriva de una investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona en el 2016, según informó Anticorrupción, que se ha ido ampliando hasta llevar las sospechas a nivel nacional. Ayer se activó la operación con registros y arrestos en 22 ayuntamientos, así como sede de empresas y domicilios por todo el país. Además se practicaron requerimientos de información en otros 18 municipios y en la Diputación de Alicante, según la Fiscalía.
GESTIÓN POLICIAL
La investigación se centra en una empresa llamada Aplicaciones Gespol SL., precisó el ministerio público, cuyo principal activo es un sistema de gestión de cuerpos policiales municipales, cuya adjudicación estaría bajo sospecha. La empresa está integrada en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales, después de que el grupo Sacyr la adquriese en el 2016, pero todo hace indicar que las presuntas irregularidades habrían comenzado antes de esta adquisición. En el caso de los ayuntamientos aragoneses, curiosamente, ninguno usa el sistema.
La investigación se relacionaría principalmente con los contratos de este servicio por parte de los municipios. Según adelantó El Confidencial, las irregularidades abarcarían desde precios hinchados hasta contratos camuflados como menores para eludir a la intervención municipal, pasando por el falseamiento de datos para colocar cámaras y radares en lugares elegidos por afán recaudatorio, no por que la seguridad vial así lo requiriese.
Los contratos bajo sospecha que comenzaron a investigarse en Cataluña compartían características con otros en multitud de localidades, por lo que la operación pasó a ser coordinada con Anticorrupción y la UDEF.
Ayer, con el auxilio de 580 policías, muchos de ellos de unidades de seguridad, se procedió a los registros.
DESALOJO
Así sucedió en el consistorio turolense, en el que los agentes policiales procedieron a desalojar el consistorio para practicar los registros. En una curiosa estampa, con el ayuntamiento engalanado por las fiestas, cuatro agentes custodiaban la entrada.
Dentro, los agentes, acompañados por la actual alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que cuando llegó, «pasadas las 9.00 horas», contaba, se encontró con los agentes que le informaron del registro, y ella les acompañó como «representante legal» de la institución. «Se nos ha pedido información de una serie de empresas que podrían haber contratado con el ayuntamiento», explicó Buj. Según la información que constaba, «no han tenido ninguna relación contractual o económica con el ayuntamiento», añadió. Fuentes de la Policía Local de Teruel añadieron que hace años se hizo una demostración del sistema de gestión, pero no se adquirió. El registro continuó en el cercano cuartel de la Policía Local, donde se llevaron papeles.
En Huesca, por contra, el registro fue más discreto, quizá por estar el alcalde, Luis Felipe, de visita a la ministra de Defensa en Madrid. Allí fueron agentes de paisano que no llamaron la atención, ni desalojaron. El consistorio mostró «total colaboración» con la Policía, comunicó.
Del consistorio salió en un coche policial el aún intendente de la Policía Local, Alberto Edroso para registrar el cuartel oscense. Fue detenido, según fuentes policiales, pese a que en Huesca tampoco se usa el sistema de Gespol, y ante los agentes de la UDEF, según Efe, afirmó que no tiene «nada que ver» con contratos firmados hace ocho años. Tras tomarle declaración, quedó libre después de pasar por el juzgado.
