"¿Y esto cómo se le explica a un pescadero al que le embargamos las cámaras por una deuda menor?", fue la simple y profunda reflexión que, según cuentan, le hizo llegar un alto cargo de la Agencia Tributaria a un miembro del gabinete del ministro de Hacienda que acababa de recomendarle exquisitez con el mundo del fútbol. No tuvo respuesta, cuentan.
El fisco se ha sacudido en plena crisis los remilgos que la política le obligaba a tener con los señores del balón. El botón de muestra es el FC Barcelona, que a sus récords deportivos de los últimos años suma otro institucional de dudoso honor: está en capilla de convertirse en imputado --como persona jurídica-- por uno de los grandes fraudes fiscales investigados en España, el caso Neymar.
Al Real Zaragoza, que mantiene una tormentosa relación con la Hacienda Pública desde su transformación en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) --una fórmula diseñada, dijo el legislador, precisamente para evitar el boquete fiscal que el fútbol genera históricamente en el erario estatal con el omisivo beneplácito de la alta política--, le ocurre algo similar. Obviamente, en el plano institucional, en el que la investigación por fraude fiscal va a ser simultaneada con otra que desarrolla Anticorrupción y que afecta a su extinta filial inmobiliaria, Zaragoza Real Estate.
Los tribunales han condenado al Real Zaragoza SAD en al menos tres ocasiones por fraude fiscal en la vía administrativa. En el 2011, el Supremo confirmó tres sanciones de elevada cuantía impuestas por la Agencia Tributaria: una de 476.481 euros por escamotear el IVA de varias operaciones de derechos de imagen entre enero del 92 y junio del 96, otra de 2,58 millones por hacer trampas en el IRPF y la tercera, de 1,3 millones, por engañar al fisco en el Impuesto de la Renta de tres futbolistas en 1999.
Eso ocurría en tiempos de los Soláns, padre e hijo. Luego llegó Agapito Iglesias y la cosa cambió. En principio, para bien, con una sintonía con la Agencia Tributaria que para sí hubieran querido en tiempos de crisis empresarios ajenos a los pelotazos.
En la primavera del 2012, Iglesias cerró con Hacienda un acuerdo por el que esta aceptaba aplazar en ocho años la liquidación de un boquete tributario de más de 30 millones de euros. Ese pacto, junto con el decisivo --y solvente-- papel que entidades como la Liga de Fútbol Profesional (LFP) o la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) interpretaron en la negociación de la PAC (Propuesta Anticipada de Convenio), le permitieron sacar adelante el concurso de acreedores que evitó la liquidación de la compañía blanquilla tras su declaración de insolvencia de la primavera del 2012.
Sin embargo, el buen rollito se fue tansformando, tras la perplejidad inicial, en un monumental enfado de los responsables de la Agencia Tributaria.
Iglesias había presentado --y el fisco aceptado-- como garantías hipotecarias para el aplazamiento del pago de la deuda tributaria la opción de compra de un chalet de lujo en la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, y la famosa finca de La Almunia, un solar sin urbanizar de 6.900 metros cuadrados cuyo precio se multiplicó por 18 --de 162.150 euros a 2,5 millones-- entre el 2007 y el 2011. Conforme arreciaba la crisis, su valor crecía de manera inversamente proporcional a como lo hacía el del resto de los bienes inmobiliarios del país. En ambas operaciones aparecían empresas controladas por amigos del soriano --como Javier Bazaco, su ejecutivo de cabecera de los últimos años-- o la filial Zaragoza Real Estate.
Hacienda pidió, y consiguió --tuvo en ese frente el apoyo de la Asociación de Pequeños Accionistas del Real Zaragoza--, que los tribunales ordenaran rescindir ambas adquisiciones por considerarlas patrimonialmente dañinas para la SAD.
La descomunal deuda blanquilla con Hacienda no ha dejado de crecer. Las peculiares cuentas del 2012 --la anotación como activo de los 49,1 millones condonados en el concurso convirtieron una pérdida de explotación de 17,4 millones en 20,6 de beneficio-- generaron una cuota de 8,8 en el Impuesto de Sociedades.
