Luisa Fernanda Rudi adoptó ayer otra medida traumática pero insuficiente para dar respuesta a la crisis del déficit. Cuando la semana pasada se conoció el desajuste presupuestario y fue la propia presidenta quien dio la cara ante el pleno de las Cortes, se evidenció que su confianza en José Luis Saz, consejero de Hacienda, estaba quebrada. Aunque Rudi siempre ha apostado por la continuidad de los equipos, la salida del Gobierno de Saz era cuestión de días, o como mucho de un par de semanas. En realidad, en su marcha han jugado un papel clave su distanciamiento con el Ministerio de Hacienda y la indisciplina en el gasto de los departamentos. Al abstenerse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que aprobó el objetivo del déficit para el año pasado, el ministro Montoro lo puso en la lista negra, y desde entonces Saz ha remado contracorriente. De los principales consejeros de la DGA solo recibía peticiones de gasto, a veces usando subterfugios, y de Madrid, miradas de recelo. A Saz le ha faltado mano dura y picardía y le ha sobrado bonhomía en su primera aventura política de cierto nivel.

El reto para su sustituto, el diputado Javier Campoy, es mayúsculo. Su perfil político, elevado según quienes le conocen bien, contrasta con su falta de conocimientos específicos en materia tributaria o financiera. Solo tiene dos caminos, el del triunfo o el del fracaso. En la situación actual, no cabe la indiferencia. Si es capaz de enderezar las cuentas sin dañar el gasto social (ecuación de muy difícil resolución), se convertirá en un nuevo baluarte del PP aragonés. De lo contrario, dilapidará su todavía incipiente carrera política. Para sobrevivir en el departamento deberá aprender de los errores de Saz, contar con una confianza plena de la presidenta y ganarse la autoridad ante el resto de consejeros.

Pase lo que pase en los próximos meses, Rudi ha perdido la ocasión de realizar una reforma en profundidad. El desfallecimiento del Ejecutivo autonómico es generalizado, y además de algún relevo en otras consejerías se imponía el nombramiento de un vicepresidente económico, con mando en plaza, autonomía suficiente y capacidad de interlocución con Madrid. Hubiera sido el camino más corto para conseguir los objetivos que impone la consolidación fiscal dada la temerosa forma de gobernar de Rudi, en un año clave para las finanzas de Aragón, con los ajustes que impondrá Madrid y la negociación de la nueva financiación autonómica.