La historia de la reconversión de la vieja factoría de Pikolín en la carretera de Logroño cambia mucho dependiendo de dónde se ponga el foco. Utilizar todos los pasos administrativos que se han dado, en un momento de la misma u otro y su correspondiente contexto, al albur de lo que le interesan a cada formación es lo que convierte el relato en una sucesión de verdades, medias verdades y mentiras que en nada contribuyen a esclarecer dónde está el debate real. Más serio que el reparto de culpas y más grave de lo que parece. El varapalo puede suponer una indemnización estratosférica y el contexto es el que lo explica todo.
Con aristas interminables, esta es la historia de una resistencia de manual. Primero la de no perder a uno de los bastiones del tejido empresarial aragonés, Pikolín, que en el 2008 y tras el impulso en el 2002 de un plan para alejar a la industria del núcleo urbano de Zaragoza (y de llenar Plaza, para qué engañarse), se le prometió recalificar sus suelos para usos comerciales con tal de que no emigrara. Tenía una oferta para ir a Sevilla o al extranjero, pero el Gobierno socialista lo ató. Y Alfonso Soláns se dejó atar. La única condición era no hacer pisos. Aceptó sin outlet a la vista.
Seis largos años pasaron, los más duros de la crisis, y hasta el 2014 no se plantó el primer papel en la Gerencia de Urbanismo. Objetivo: iniciar el expediente. A ese es al que se refiere el PP y el PSOE cuando hablan de la unanimidad que incluía a CHA e IU. Pero omiten que ese informe en ningún momento hablaba de los usos comerciales distintos a los asociados a la actividad dominante, que era la industrial, los que permitía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Aunque era obvio que un taller no se iba a montar. Se impulsa como plan especial entonces y en cinco años, ni los más críticos ni ninguno de los técnicos municipales, sugiere la vía que ahora apunta el juez.
En abril del 2015 aparecen por primera vez esos usos comerciales. Un mes antes de las elecciones, ese plan especial sí lo aprueba el Gobierno del PSOE. Y sale a la luz Torre Village. Pero ZeC toma el mando y se pone a revisarlo todo. Lo frena hasta octubre del 2016. Tan solo logró arrancarle 2,7 millones a Pikolín, el aprovechamiento que el PSOE propuso perdonarle a cambio de huertos.
