Las Cortes tendrán que afrontar, en breve, el debate sobre la situación jurídica en la que queda Juan Carlos I cuando pase a ser el Monarca abdicado. El equipo de Mariano Rajoy --que lleva un mes trabajando a fondo sobre la abdicación y sus consecuencias junto a la Casa del Rey-- admite que el asunto es "complejo", por lo que confía en contar con el consenso de otras fuerzas parlamentarias para sacarlo adelante. Lo que sí tienen claro en la Moncloa es que, una vez que Juan Carlos deje la Jefatura del Estado, seguirá vigente la inviolabilidad de la que gozó durante su reinado en caso de que alguien reclamara juzgar, en un futuro, algún acto realizado mientras era Rey.
En cuanto a lo que sucederá con su estatus jurídico a partir del día en que se convierta en exmonarca, previsiblemente el 18 de junio, es más que probable que el Gobierno opte por otorgar la condición de aforado a Juan Carlos para que, en caso de que tuviera que enfrentarse algún día a los tribunales, sea enjuiciado por la sala segunda del Tribunal Supremo y no por un tribunal ordinario. Esta protección se le puede otorgar a través de una ley orgánica ad hoc o de un proyecto de ley que se encuentre en estos momentos en tramitación como la nueva ley del poder judicial --en la que se reconocía ya, por primera vez el aforamiento a los Príncipes de Asturias y a la Reina-- y añadir a través de enmiendas en el Congreso el aforamiento del exmonarca.
Flecos pendientes
Esta última vía solo tiene un problema para los juristas de la Moncloa: que durante el tiempo que dure dicho trámite parlamentario Juan Carlos I quedaría sin ningún tipo de cobertura jurídica especial, esto es, que en caso de, por ejemplo, recibir una denuncia o querella tendría que acudir a un tribunal ordinario hasta que la ley entrase definitivamente en vigor.
El debate sobre el futuro jurídico del Rey no está solo en el ámbito político. El profesor de Derecho Constitucional José Luis García Guerrero explica que Juan Carlos gozará de inmunidad y, por tanto, no será responsable de los actos y opiniones que haya realizado durante su reinado. Y que, a su juicio, esta protección alcanzará no solo a sus actos como jefe de Estado, sino también a su vida privada. La misma opinión comparte el catedrático de Derecho Constitucional Luis Aguiar, quien sostiene "que la absoluta urna de cristal" que ha cubierto a Juan Carlos solo se romperá cuando deje de ejercer.
Otra cosa es el futuro. Al no existir una ley que defina el papel de los reyes abdicados y su sistema de protección tanto económica, como protocolaria y judicial, habrá que improvisar, opinan. Por este motivo, Aguiar y García Guerrero critican que el Gobierno no haya resuelto todavía los flecos pendientes en la ley de abdicación. "Ahora queda desarmado", explica Aguiar mientras que García Guerrero admite que Juan Carlos, al abandonar el trono, ha perdido "el impedimento procesal" de ser enjuiciado, salvo por los actos que haya realizado durante su reinado. "El Rey no se equivoca, pero cuando deja de serlo puede equivocarse" y, por tanto, ser juzgado, avisa Aguiar.
